El Tribunal desestimó la acusación de asociación ilícita contra el exjefe de Lucha contra el Narcotráfico y contra otros cuatro policías. Las defensas irán a casación y apuntan a Senestrari.
Con una sentencia diametralmente opuesta al pedido de la fiscalía, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba condenó a 3 años y 8 meses de prisión al comisario mayor Rafael Sosa, el principal acusado en la causa del narcoescándalo, quien ya recuperó la libertad por haber cumplido las dos terceras parte de esa condena.
El tribunal presidido por Miguel Hugo Vaca Narvaja e integrado por Mario Garzón y Daniel Herrera Piedrabuena desestimó las acusaciones de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad y condenó a los principales acusados sólo por violación a los deberes de funcionario público.
Por ese delito impuso penas de tres años a ocho meses en el caso de Sosa; hasta un año y seis meses para el exjefe de Inteligencia Gustavo González, quien ya se encontraba en libertad.
La mayor condena recayó sobre el oficial Franco Argüello por incumplimiento de los deberes de funcionario público y extorsión: seis años de prisión.
También el tribunal dispuso la libertad inmediata de Alfredo Seine, exjefe de una brigada antidrogas, y del sargento Fabián Peralta Dattoli, quienes estuvieron presos en Bouwer más de dos años y medio, casi un año más de las condenas que les impusieron.
Hubo dos policías absueltos: los oficiales Mario Osorio y Cristian Ingas.
Los fundamentos del veredicto se darán a conocer el martes próximo.
El “fantasma”
La causa fue instruida por el fiscal Enrique Senestrari con base en las declaraciones realizadas por el presunto agente de inteligencia Juan Viarnes en carácter de “testigo protegido” a la entonces secretaria y actual camarista Liliana Navarro, sin la presencia de ningún abogado.
Los abogados defensores pidieron la nulidad de esas declaraciones, pero el Tribunal rechazó esa solicitud.
El inusual fiscal porteño Abel Córdoba, al pedir 15 años de prisión para Sosa y penas de 12 a ocho años para los restantes policías acusados de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad, realizó un alegato de carácter académico.
No obstante, no ahondó con pruebas puntuales.
Según la acusación, los policías generaron sumarios falsos, permitieron la venta de estupefacientes a cambio de dinero y extorsionaron a las familias de los narcotraficantes.
Sólo se comprobó, para los jueces, que los policías utilizaron de manera ilegal a Viarnes para generar operativos contra presuntos narcos.
En su sentencia, el tribunal también resolvió remitir a la fiscalía de turno a instancias del juez Garzón para que revise la actuación del fiscal Senestrari –quien instruyó toda la causa y ayer fue el gran ausente en la audiencia– para que evalúe cómo se llevó a cabo la investigación del narcoescándalo.
Se le reprocha haber tomado declaración a un testigo sin conocimiento del juez ni de los abogados y de haberla incorporado 15 días después en la causa.
También se remitió la actuación del testigo Tomás Méndez, porque en su momento el fiscal Senestrari lo notificó de que no emitiera un programa televisivo de ADN , porque entorpecía la investigación, lo que fue desoído por el actual concejal.
Vaca Narvaja sostuvo que la acusación de asociación ilícita “no estaba encuadrada”, pese a la “apariencia de ciertas conductas”, por lo cual fue desestimada.
Admitió el juez que a partir de las declaraciones de Viarnes “se iniciaron las actuaciones”. “Hoy con el diario de lunes –añadió– hemos podido comprobar quién es Viarnes y hemos probado que muchas cosas de las que dijo no son ciertas”.
Y señaló que esas circunstancias determinaron la sentencia de ayer. En el veredicto se solicitó además al Ministerio de Justicia que fije una recompensa para lograr la captura de Viarnes.
Fuente: La Voz
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