El juez Ariel Lijo resolvió la medida en la denuncia por tráfico de influencias que había llevado adelante el Vicepresidente en el marco de la causa Ciccone.
Amado Boudou había denunciado en abril pasado una presunta extorsión, que había vinculado a la disputa comercial entre las empresas Boldt y la ex Ciccone.
La denuncia alcanzaba a los abogados María José Labat, Ana María García y Fabián Musso, vinculado al entonces Procurador General, Esteban Righi, al empresario Antonio Tabanelli, y al titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi.
En sus argumentos, el juez Lijo adujo un estado de duda respecto a la sucesión de los hechos denunciados «que no pudo ser resuelta con los elementos probatorios recolectados». A su vez, el magistrado entendió que las pruebas generaron diferentes hipótesis de un único suceso fáctico.
Según el Centro de Información Judicial, Lijo argumentó que «el origen de esta causa responde a la reinterpretación de episodios signados por reuniones sucesivas que según el propio relato no aparecían como controvertidos cuando sucedieron, pero que nuevamente analizados denotarían ser irregulares».
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