Los bloques opositores que integran la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados consiguieron este miércoles dictamen para avanzar con el proyecto que propone actualizar las tarifas de luz y gas de acuerdo a la variación salarial, por lo que la semana que viene estarán en condiciones de tratarlo en el plenario del cuerpo.
Pese a que el oficialismo consiguió una firma más que la oposición para imponer el dictamen de rechazo (23 a 22), esta última consiguió el objetivo que buscaban en la reunión de esta tarde: que se cumplimentara el dictamen para que quede habilitado su tratamiento en el recinto con mayoría simple.
Cumplida esta instancia, la oposición pedirá una sesión especial para el miércoles de la semana próxima con el fin de abordar el proyecto, tras el fracaso de hace una semana, cuando, justamente, faltaba el dictamen de la comisión de Presupuesto.
Más allá de la derrota en la comisión de Presupuesto, desde la oposición apelan al reglamento para sostener que el proyecto que se impone (y por ende se trata en primer término) es el que reúne más firmas sumando las de todas las comisiones que analizaron el proyecto.
Así, interpretan que las sumas de las firmas de las comisiones de Obras Públicas, Defensa del Consumidor y Presupuesto arrojan 51 para la oposición y 47 para el oficialismo, lo que los habilita a ponerlo a consideración en primer término en la sesión de la semana que viene.
La iniciativa que el arco opositor buscará aprobar propone retrotraer las tarifas de servicios públicos a diciembre de 2017 y actualizarlas de acuerdo a la variación salarial, además de una rebaja del IVA del 50 por ciento para consumidores y una reducción del 27 por ciento que actualmente pagan las pymes.
El alcance de la propuesta establece también que a los beneficiarios de la tarifa social no se les cobrará el IVA en sus boletas. Y por último que para los clubes de pueblo, barrio y entidades de bien público se implemente un sistema de tarifa social en el que paguen solo el 20% del valor de la factura.
Asimismo, plantea que «las empresas proveedoras de servicios deberán generar un crédito a favor del usuario si las tarifas a partir del 1° de noviembre de 2017 aumentaron más que el índice de precios mayoristas del INDEC o que los salarios».
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