Por un pedido de La Voz, los actuales vocales del máximo cuerpo judicial difunden por primera vez sus declaraciones de bienes. Como denominador común, se observa una marcada preferencia por mantener fondos en dólares estadounidenses.
Algunos ganan el triple que el gobernador, ninguno paga Impuesto a las Ganancias, no tienen deudas y se mueven de manera conservadora en el terreno de sus finanzas personales… Ese podría ser el primer retrato que surge luego de observar con detenimiento las declaraciones juradas patrimoniales de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
A diferencia de los miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo, los magistrados cordobeses no tienen sus declaraciones juradas publicadas en la web, para el acceso de cualquier ciudadano.
Los siete vocales del máximo órgano judicial cordobés aprobaron hacer públicas sus declaraciones, luego de que este diario presentó solicitudes de acceso a la información a principios de julio pasado, siguiendo las indicaciones de un acuerdo reglamentario del Tribunal Superior, que especifica cómo realizar los pedidos.
La ley provincial sobre declaraciones de los funcionarios determina que estas deben tener carácter público y permanecer disponibles para que cualquier persona las consulte. Pero deja abierta la puerta para que el Poder Judicial establezca la forma en que se pueda acceder.
Por eso, los magistrados cordobeses eligieron no subir a la web ni siquiera una versión reducida de sus declaraciones juradas (que no incluyen domicilios de propiedades, patentes de vehículos, nombres de bancos donde tienen cuentas, etcétera) tal como hacen sus pares del Gobierno provincial o de la Municipalidad de Córdoba. No la publican, según su acordada, por “la necesidad de resguardar la publicidad y al mismo tiempo evitar un uso indebido o impropio de la información”.
El Código de Ética de los jueces cordobeses señala, en su apartado 3.18, que “el patrimonio personal de magistrados y funcionarios se mantiene a resguardo de la curiosidad pública”.
En ese sentido, el Tribunal Superior local sigue los pasos de la Corte Suprema, que tampoco publica en la web las declaraciones de sus vocales y establece una exigencia muy poco federal: quienes presenten a la Corte pedidos de acceso a esa información deben ir, en persona, a firmar la solicitud en sus oficinas de la Ciudad de Buenos Aires.
El Tribunal Superior lleva además varios años incumpliendo su propia acordada, que lo obliga a subir cada año a la web un listado de todos los magistrados y funcionarios que presentaron su declaración jurada, junto a la nómina de quienes no cumplieron con ese requisito.
Los vocales del Tribunal Superior respondieron el pedido de información entregando no sólo el llamado formulario B de sus declaraciones juradas (la versión con menos detalles), sino también una copia de su última declaración del Impuesto sobre los Bienes Personales ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), correspondiente a 2015.
Repaso
En una primera mirada a las declaraciones, los jueces recaen en un problema que también muestran las declaraciones juradas de los ministros del Poder Ejecutivo, legisladores y funcionarios en general: sus bienes aparecen subvaluados, ya se trate de automóviles o inmuebles.
Con contadas excepciones, casi todos ellos no dan el valor de mercado de sus propiedades, sino que mencionan el valor fiscal, que es también el que se declara legalmente ante la Afip… El organismo recaudador, para valuar el patrimonio, elige el mayor valor entre la compra (la escritura) o la base imponible (que depende del Impuesto Inmobiliario provincial).
Por ese motivo, entre los bienes declarados por los magistrados del Tribunal hay, por ejemplo, un campo de seis hectáreas perteneciente al vocal Carlos García Allocco valuado en una cifra insignificante: 4.496 pesos. También aparece un inmueble en Los Reartes, de la vocal María Blanc Gerzicich, valuado en apenas 450 pesos.
De esa manera, con esos montos mínimos, los patrimonios de los siete vocales varían entre 1,3 y 15 millones de pesos. En los extremos de la lista, están la vocal Blanc Gerzicich, con el menor patrimonio, y Domingo Sesín, con el mayor, seguido por García Allocco. A valores de mercado, las cifras multiplican varias veces esos montos.
Ingresos
Otro aspecto en el que los vocales presentan similitudes es en el tipo de inversiones que eligen. Los ingresos varían entre 130 mil y 172 mil pesos y son así de los más altos de la administración pública provincial. En algunos casos, triplican el sueldo del gobernador Juan Schiaretti, de sólo 52.500 pesos según su actual declaración jurada. La vocal que recibe la remuneración más alta es Aída Tarditti.
La mayoría de ellos declaran tener varios inmuebles (casas, departamentos, cocheras), varios automóviles, cuentas bancarias en dólares y plazos fijos en pesos. Por ejemplo, la vocal María Cáceres de Bollatti declara tres departamentos, una casa en Calamuchita, varias fracciones de campo (en ciudad de Córdoba y en Villa del Totoral), caja de ahorro en pesos, depósitos en dólares y participación en una SRL.
Llama la atención que varios declaren tener el dinero en efectivo o en simples depósitos bancarios, sin invertirlo. Ninguno declara tener inversiones importantes; por ejemplo, en bonos o en acciones.
Como inversiones diferentes, García Allocco, de Marcos Juárez, declara ser dueño de tres campos, uno de ellos de 362 hectáreas (valor fiscal: 1.694.055 pesos), y arrendamientos por cobrar por encima del millón de pesos.
Dos vocales mencionan inversiones fuera del país. Sebastián López Peña, uno de los últimos miembros en sumarse al actual tribunal, en 2015, incluye en su declaración una explotación inmobiliaria por 1,3 millones de pesos, en un lugar que no identifica. Y el vocal Luis Rubio declara dos tiempos compartidos en Aruba por un total de 54.816 dólares.
Además de sus sueldos, la mayoría declara ingresos por trabajos como docentes universitarios (un oficio permitido para los jueces, quienes en cambio tienen prohibidas las actividades comerciales) y alquileres de propiedades.
Lo publicado sobre declaración de bienes
Provincia. La primera nota de esta saga dio cuenta de que el 60 por ciento de los funcionarios provinciales no cumplía con la difusión de su declaración patrimonial en la web. Alertada por este diario, buena parte de ellos regularizó la situación.
Municipio. En la ciudad de Córdoba, también había una mora, atribuida al lanzamiento del nuevo portal de Gobierno Abierto
Ag. de Noticias: La Voz
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