A Falo no lo salva ni el día de los inocentes

Ingresó una demanda civil de un damnificado, mientras otro pide que se secuestren los cheques librados. Acumula al menos cuatro causas penales.

Imagínese estar en esta situación. Una alta gerente de clientes premium que trabaja en el banco donde usted tiene sus fondos le ofrece una operación financiera. Usted firma cheques por un cuarto de millón de pesos a nombre de un conocido dirigente político, y éste le firma cheques a su nombre por una cifra superior. La operación suena inocua y sin riesgos, ya que la gerente, el banco y el titular de la cuenta le merecen confianza.

Confiado, firma 24 cheques a término, con vencimientos que van de septiembre a enero. Pero cuando se presenta para cobrar el primero, resulta que la cuenta del conocido dirigente no sólo no tiene fondos, sino que está cerrada. Y encima, gente desconocida comienza a perseguirlo para cobrarle los documentos que usted libró.

Eso le sucedió al empresario Juan Manuel Panizzo, uno de los tantos damnificados por Marcelo Falo, ex legislador y ex vocero de José Manuel de la Sota, quien continúa acumulando causas por presuntas estafas. Justamente por esa razón, el abogado del damnificado solicitó ayer al fiscal Alejando Moyano que disponga el secuestro de los cheques emitidos por su cliente. «Estamos pidiendo que se secuestren los cheques entregados por mi cliente a Falo y que éste ha endosado en poder de terceras personas para descontar los montos, ya que él tenía sus cuentas cerradas», dijo el abogado César Martínez Remacha.

En concreto, lo que buscan es impedir que Panizzo tenga que seguir haciéndose cargo de las operaciones financieras de Falo. Hasta el momento, el damnificado –dueño de una firma constructora– viene haciéndose cargo para no quedar fuera del sistema financiero.

Demandado. Para complicar aún más el panorama de Falo, ayer ingresó a la Justicia la primera demanda civil, presentada por el médico Reinaldo Fuentes.

La demanda, patrocinada por el abogado Carlos Nayi, alcanza el valor de 700.500 pesos, e ingresó en el Juzgado de 1° Instancia y 34ª Nominación Civil y Comercial de la ciudad, e incluye un pedido de embargo por 910.650 pesos y solicita que en caso de que el ex legislador no tenga bienes a su nombre, se ordene la inhibición general.