Damnificados piden que se investigue la habilitación de la química Raponi, que originó la tragedia. El abogado que los patrocina asegura que el establecimiento no cumplía con la ordenanza.
Uno de los abogados de los damnificados por la explosión de la química Raponi (ocurrida el 6 de noviembre de 2014) solicitó a la fiscal de la causa, Eve Flores, que investigue e impute a funcionarios por la presunta responsabilidad de haber permitido que operara la firma sin cumplir con la ordenanza.
Para Mauro Ompré, representante del damnificado Diego Di Pascualli, entre otros, funcionarios municipales no habrían cumplido en fiscalizar el requisito fijado por el artículo 57º inciso h7 de la ordenanza 12.052, que exige a los establecimientos de riesgo “alto” (como el de Raponi) contar con “cinturón verde perimetral de 20 metros lineales como mínimo”.
Efectivamente, la ordenanza citada por el letrado es la que rige el procedimiento y los requerimientos para las habilitaciones.
“La firma Raponi –dijo Ompré–, desde su iniciación de actividades en 1991 y hasta la tragedia, jamás cumplió con ese requisito esencial y condicionante para la habilitación municipal”. Y agregó: “¿Cómo puede ser que la Municipalidad haya habilitado a esa firma sin que cumpla con esa exigencia? Si lo hicieron, hay un delito que la fiscal debe imputar”.
Fuente: La Voz
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