Fuerzas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ingresaron al cuarto piso de la Municipalidad e incautaron documentación
Tras una investigación realizada por LA MAÑANA y el programa televisivo ADN, en el que se reveló que había ocho trolebuses cuyo subsidio al gasoil era percibido por la empresa privada que ingresó este año al sistema, el Frente Cívico tomó la noticia y realizó una denuncia penal en Tribunales Federales.
Ayer la Policia de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó el cuarto piso del Palacio 6 de Julio, en busca de elementos probatorios de la presunta irregularidad.
La denuncia fue presentada por el “juecismo” esta semana también ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y ante el ministro del área, Florencio Randazzo, aunque ayer el juez Ricardo Bustos Fierro se adelantó y ordenó allanar el cuarto piso de la Municipalidad en busca de pruebas que certifiquen lo que sería un delito del orden federal, por pedido del fiscal Gustavo Vidal Lascano.
El asesor letrado de la Municipalidad capitalina, Marcelo Rodríguez Arancibia, confirmó a Canal 10 que los elementos solicitados por la PSA tenían que ver con una denuncia realizada “por Daniel Juez” en relación a ocho colectivos articulados.
Se trata de ocho trolebuses que funcionan con gasoil adquiridos durante la gestión de Daniel Giacomino, pero que forman parte de la flota de la Tamse residual, ya que esta empresa no fue transferida a la UTE que se hizo cargo de lo que era la estatal de transporte público. Además de esto, se estaría comprobando si hay colectivos fuera de servicio de la ex Tamse, cuyas patentes figuran (en número indeterminado en la investigación periodística) en el listado de unidades que Ersa con la firma de funcionarios municipales, elevó a la CNRT para percibir el subsidio calculado en unos 31.000 pesos mensuales por vehículo.
En esa ocasión, desde la Municipalidad se invocó un convenio, por el cual Ersa percibiría la totalidad de los subsidios al gasoil y de allí liquidaría al Palacio 6 de Julio un 11% de lo recibido, lo que en realidad representa una explicación un poco laxa como para explicar lo que sería esta flagrante irregularidad, sobre todo porque se tratan de fondos públicos cuya transparencia en el manejo debe resultar inobjetable.
El asesor legal del municipio, Marcelo Rodríguez Arancibia, manifestó ayer que accedieron al pedido de documentación solicitado y que los mismos están en manos de la Justicia. “El juez Federal Bustos Fierro ha pedido una documentación que le ha sido entregada, y que había sido requerida por el fiscal Federal N° 2, Gustavo Vidal Lascano, con motivo de una denuncia de Daniel Juez”.
“Nos pidió declaraciones juradas, planillas, autorizaciones y formularios referidos a ocho colectivos articulados. Se le entregó toda esa información con la presencia del oficial mayor de la Municipalidad y el juez federal ya la tiene en su poder”, manifestó Rodríguez Arancibia.
Fuente: La Mañana
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