Protegen por ley la libertad de expresión fue ratificado el decreto del gobernador De la Sota. Busca garantizar en la provincia el pleno ejercicio de la opinión libre. El PJ, la UCR y Consenso Córdoba lo aprobaron
Decreto 525: ley a medida para la campaña de De la Sota, La norma fue aprobada en la Unicameral con los votos del bloque oficialista de Unión por Córdoba (UPC); de la Unión Cívica Radical (UCR) y de Consenso Córdoba (Rubén Borello). Lo rechazaron el bloque del Frente Cívico y los kirchneristas que integran la bancada oficialista de UPC, Fernando Salvi y Héctor Muñoz.
El decreto, como ya se publicó, prohíbe y restringe eventuales intervenciones, embargos, expropiaciones u otras medidas “que alteren, condicionen o coarten la expresión y difusión de la opinión y noticias” y que fueran ordenados por autoridades nacionales, provinciales o municipales, contra medios y periodistas.
El decreto fue remitido al Poder Legislativo y aprobado allí con el objetivo de que tenga operatividad jurídica, ya que en Córdoba no están regulados los decretos de necesidad y urgencia.
Citando los casos de las amenazas de intervención al Grupo Clarín y de expropiación de la empresa Papel Prensa, entre otros, argumentaron: “Ante un riesgo cierto e inminente, nuestro gobernador actuó con responsabilidad y rapidez, con decisión y firmeza, con compromiso por la libertad de expresión”.
El radicalismo, en voz de Eduardo Yuni, Olga Rista y Rodrigo de Loredo, dijo que si bien tenía algunos cuestionamientos políticos, por ejemplo que no coincidían “con que De la Sota fuera una paladín de la libertad de prensa”, apoyaban el decreto y la ley porque consideran que “hay que hacer todo lo posible para frenar los abusos de poder de Cristina Fernández”.
Sin embargo, Muñoz expresó que «se planteó que el proyecto es inconstitucional y, seguramente, correrá la misma suerte que el decreto impulsado por (Mauricio) Macri, porque las garantías se resguardan a través de la Constitución y de las leyes, no de decretos».
En el mismo sentido, Salvi manifestó que «este decreto es innecesario, porque la libertad de expresión ya está protegida por la Constitución, por los tratados internacionales y por la Ley de Servicios Audiovisuales», razón por la que consideró que «es un reflejo tardío del DNU de Macri». El legislador juecista Ricardo Fonseca tildó a De la Sota de «farsante», que sólo «busca reforzar su vinculación y ser el candidato presidencial del Grupo Clarín». «De la Sota nunca sintió la libertad de expresión, porque siempre tuvo problemas o persiguió a medios de comunicación y periodistas. Por ende, no tiene autoridad moral para hablar sobre esta cuestión», recalcó el parlamentario del Frente Cívico. Además, reclamó: «Lo que hay que discutir es la distribución de la pauta publicitaria oficial».
Legisladores de la oposición calificaron de «sobreactuación política» el decreto dictado por De la Sota, por entender que incluye disposiciones ya contenidas por la Constitución Nacional (CN) y los tratados internacionales con igual jerarquía».
A pedido del radicalismo, al proyecto original se le introdujeron algunas modificaciones. Por caso, se revisó el artículo 9 del decreto que limitaba los embargos, secuestros y ejecuciones forzosas contra medios de comunicación o de periodistas sólo a cuestiones laborales. Por otro lado, se facultó al Ministerio de Finanzas a dictar las normas que faciliten el cumplimiento de los requisitos que se exigen a los titulares de medios de prensa y comunicación para gozar de la exención sobre Ingresos Brutos. A todo esto la sesión fue transmitida en directo por el Canal TN, de alcance nacional, perteneciente al monopolio. Una ley innecesaria.
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