Marcelo Brito, abogado del hijo de la víctima, Facundo Macarrón, uno de los acusados del homicidio, informó a la prensa sobre dichos resultados aunque consideró que no aportan «cambios sustanciales» respecto de análisis anteriores.
«Una vez más, quedan al margen los coimputados en la causa porque no hay ningún elemento genético que vincule a (Gastón) Zárate ni a mi defendido», indicó el abogado.
Y también consideró que «no hubo contaminación de las muestras» ya que «ninguna de las evidencias que fueron remitidas al FBI para su análisis presenta rastros genéticos correspondientes a algunas de las personas que ingresaron a la escena del crimen».
Es que, en el informe de cuatro páginas que fue traducido esta tarde en los tribunales de la capital cordobesa, quedó establecido que se hallaron «dos perfiles genéticos completos» que no son los de los dos acusados.
Tampoco pertenecen a las 28 personas que estuvieron en la escena del crimen tras el homicidio y que debieron luego someterse a extracciones de sangre, entre ellas el propio fiscal a cargo de la causa, Javier Di Santo, un cura, los forenses y familiares de la víctima.
Los dos perfiles genéticos se encontraron en las muestras levantadas de la sábana sobre la que yacía el cuerpo de Dalmasso (51), la bata que vestía y el cinto de esta prenda que utilizaron para asfixiarla.
Según Brito, «hay dos datos completos que serían personas ajenas a la investigación y ahora el fiscal va ser quien va a determinar el camino a investigar».
Sin embargo, el letrado indicó que ese dato «en realidad, ya estaba en el informe anterior, o sea que investigativamente no se hizo nada para tratar de individualizar a esas personas».
«El fiscal tiene el desafío de averiguar si las células epiteliales encontradas allí (la cinta de la bata) y que no pertenecen al linaje Macarrón ni a ninguna de las personas que estuvieron en la escena del crimen, pueden pertenecer a la persona que la utilizó para provocar la asfixia», indicó.
Según el abogado, «otro elemento importante es el pelo hallado en la región vaginal que, de acuerdo al ADN mitocondrial, no pertenece a la señora Dalmasso, o sea que el fiscal tendrá que salir ahora a buscar entre los muchos millones de habitantes de nuestro suelo argentino al sospechoso del crimen».
Respecto del hallazgo de rastros genéticos parciales -haplotipo Y- del linaje Macarrón que en junio de 2007 derivó en la imputación a Facundo, el defensor recordó que esos elementos fueron «encontrados en algunas sábanas» y en el resultado de un hisopado vaginal.
«No podía ser de otra forma teniendo en cuenta lo que había referido el cónyuge en su momento, a partir de la existencia de un trato sexual con su esposa antes de viajar a Uruguay, donde participó de un torneo de golf», explicó el letrado.
Brito insinuó una equivocación en la valoración que hizo Di Santo del resultado de ese hisopado y aclaró que se encontró otro «rastro o vestigio» en la misma muestra pero que «nunca se profundizó a quien puede pertenecer».
El cadáver de Dalmasso fue encontrado el 26 de noviembre de 2006, en el dormitorio de su hija que no se encontraba en la casa del barrio Villa Golf, de Río Cuarto, al igual que su hijo Facundo y su marido Marcelo Macarrón.
En febrero de 2007, el fiscal Di Santo ordenó la detención de Zárate, que había trabajado como pintor en la casa de la víctima, pero al día siguiente, tras una marcha a favor del sospechoso al que se denominó como «perejil», el joven fue liberado.
El pintor permanece hasta hoy imputado del homicidio junto a Facundo -ambos se declararon inocentes- pero éste nunca estuvo preso ya que la acusación fue en grado de sospecha leve.
Al momento del crimen, Facundo residía en la ciudad de Córdoba, donde estudiaba en la Facultad de Derecho, carrera en la que finalmente se graduó.
Por su parte, los investigadores manejaron varias hipótesis, una de las cuales apuntó a un posible crimen durante un juego erótico, otra a un estrangulamiento en una relación sexual, y la última a la del homicidio cometido tras un abuso.
Las repercusiones políticas y judiciales del crimen derivaron en las renuncias del entonces fiscal General de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, del secretario de Seguridad provincial, Alberto Bertea, y de uno de sus asesores letrados, Rafael Magnasco.
El caso también derivó en otras cuatro causas paralelas, dos de ellas penales en las que se investigaron denuncias por pago de dádivas a policías y aprietes de un grupo de efectivos a un testigo.
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