En tres años, el cepo cambiario fracasó en sus tres frentes. No frenó la caída de reservas ni la pérdida de valor del peso. Además, hundió el ingreso de capitales del exterior como la salida de dólares del colchón.
El 28 de octubre de 2011, sin dar mayores explicaciones, el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, anunció que, a partir de ese momento, quien quisiera comprar dólares –en rigor, cualquier divisa extranjera– debería primero tramitar un permiso ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). La entidad evaluaría si el comprador tenía una “capacidad contributiva” acorde a la operación que demandaba, de acuerdo a una fórmula que nunca nadie conoció y de cuya inexistencia siempre se sospechó.
La sospecha estaba fundada en que, a veces, de dos personas que parecían compartir ciertas características, una obtenía el permiso y la otra no. O más raro: alguien que lograba la aprobación un día, al siguiente, cuando iba a la casa de cambio a hacerse de los dólares, de golpe perdía la autorización.
La razón de la medida era obvia. El Banco Central había empezado a perder reservas a medida que financiaba cada vez con más emisión de pesos los gastos internos de un Estado crecientemente deficitario y, a la vez, le seguía cediendo dólares para que pagara sus deudas externas. Una plaza con cada vez más pesos y, por eso, con expectativas crecientes de devaluación, buscaba refugiarse cada vez más en dólares cuyo valor el Gobierno quería mantener congelado, como un ancla para la inflación.
La reacción fue inmediata. En los primeros días, según un trabajo de los economistas Leandro Fisanotti y Adriano Mandolesi, de la Fundación Libertad, la brecha con el dólar blue –que había aparecido en septiembre con compradores en negro dispuestos a pagar algo más con tal de no quedar registrados– saltó al 9 por ciento. Eso por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, la economía comenzó a congelar en los colchones o fuera del país cada vez más dólares.
Fue el sino del cepo cambiario: en el intento de resguardar reservas, el Gobierno no dejó de perderlas. El 31 de octubre de 2011 las reservas sumaban 47.523 millones de dólares. Hoy están apenas por arriba de 27 mil millones.
En lugar de corregir la lógica por la cual el Central perdía reservas, el Gobierno fue apretando cada vez más el cepo, con diversas medidas que pueden recordarse en el infográfico que incluye esta página y que dieron lugar a un “multidesdoblamiento” del mercado cambiario, con al menos cuatro tipos principales de dólares (sin contar el “celeste” que en algún momento se usó en la construcción, el “contado con liqui” usado para comprar dólares transando títulos públicos y otras variantes menos populares).
Pero el resultado no sólo fue la pérdida de reservas, sino la constante pérdida de valor de la moneda nacional en términos de dólares, pese a que el Gobierno intentaba por tramos de tiempo congelar el precio del dólar.
De punta a punta, en términos del dólar oficial, el peso perdió el 50 por ciento de su valor. Con 4,23 pesos, el 28 de octubre de 2011 se compraba un dólar. Ayer, se compraban apenas 49 centavos.
Pero esa era una ventaja para quienes podían comprar dólares oficiales. Que fueron siendo cada vez menos.
Quienes acuden al “blue” para protegerse de la inflación –que antes del cepo con 4,23 pesos podían comprar un dólar– ayer compraron apenas 28,8 centavos de la divisa con esos mismos pesos. Sus pesos perdieron el 71,2 por ciento de su valor en tres años en términos de dólar.
Quienes compran servicios o bienes del exterior o en el exterior usando tarjetas de crédito ayer sólo pudieron comprar 36,8 centavos de dólar con 4,23 pesos.
Y quienes insistieron ayer en comprar dólares para ahorrar (la última variante que apareció, tras la devaluación de enero), ayer pudieron comprar sólo 41,4 centavos de dólar con 4,23 pesos, mientras hace tres años compraban un dólar entero.
Como sucedió tantas veces con otras normas (ver recuadro), el cepo llegó como una medida de corto plazo, pero luego se quedó a vivir. Muchos economistas advirtieron ese riesgo: levantarlo tiene cada vez más costos políticos. Lo demuestra la historia argentina.
Sobre todo, no sirvió para los fines que se invocaban. Ni frenó la inflación/devaluación del peso, ni frenó la sangría de reservas ni alentó (al contrario, lo desalentó por completo) el ingreso de los dólares que necesita la economía para mantener los flujos comerciales mínimos con el exterior.
El retiro de Vale, un símbolo de la huida de capitales
Predicción. Como lo predijeron muchos economistas, el cepo se volvería en contra de su fin de proteger las reservas. Es que, si morigeró la salida de dólares, hundió el ingreso de dólares. Sólo en 2013 la inversión extranjera directa en Argentina cayó 25 por ciento, según la Cepal. Es el peor registro en América latina.
Manganeso. El mayor símbolo de este comportamiento fue la decisión oficial, en marzo de 2013, de la minera brasileña Vale de dar marcha atrás con la mayor inversión minera proyectada: una planta de manganeso en Mendoza. Lo hizo pese a que ya había invertido 2.000 millones de dólares. Pero no estaba dispuesta a traer los 6.000 millones que le faltaban para cambiárselos al Banco Central por pesos que ya no representaban ese valor. De nada valieron las gestiones con el “gobierno amigo” de Dilma Rousseff.
Para siempre
A continuación, ejemplos de leyes y políticas de “emergencia” o “circunstanciales” que van quedando para siempre.
Superpoderes
Son facultades delegadas del Congreso para que el Ejecutivo haga lo que quiera con el Presupuesto. Se aprobaron como emergencia en 2001. Se renovaron todos los años. En 2006 fueron delegadas en forma permanente.
Impuesto al cheque
Sancionado en marzo 2001 ante la emergencia económica de entonces. Iba a durar sólo hasta diciembre de 2002. Después siempre se prorrogó.
Retenciones
Eliminadas en 1991 (después de haber acompañado el estancamiento del agro argentino por 40 años) fueron repuestas en 2002. Fueron aumentadas sucesivamente, acompañando la suba del precio de los granos hasta 2008, cuando el Gobierno propuso una movilidad que en ese momento implicaba subir la retención a la soja al 50%. El campo rechazó el mecanismo. Las retenciones siguen en esos niveles pese al declive de precios.
Ley Santa Cruz
Es un impuesto nacional establecido en 1989 para financiar la electricidad a Santa Cruz. Ahí va el 0,06 por ciento de todo lo que pagan de luz los argentinos. Cristina Fernández prometió hace dos años quitarlo porque Santa Cruz ya está interconectado. Se sigue pagando en la factura de la luz.
Fuente: La Voz
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