Comedores comunitarios protestaron porque se caerían muchos aportes en alimentos y fondos con la puesta en marcha de la tarjeta de 630 pesos.
Los referentes de organizaciones sociales que administran una veintena de comedores populares protestaron ayer frente al Ministerio de Desarrollo Social en contra de la tarjeta social de 630 pesos para familias vulnerables y su inmediata consecuencia: el recorte en los aportes de alimentos y fondos a muchas de ellas.
El director de Emergencias Sociales de la Provincia, Rodrigo Fernández, confirmó y no los temores a los líderes de la Federación de Organizaciones de Base (FOB), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Unidhos, Mujeres en Marcha, Barrios de Pie, Encuentro de Organizaciones (EO), Polo Obrero y Movimiento Popular La Dignidad, La Poderosa y Patria Grande.
Por un lado, les ratificó que se caerán los aportes de emergencia, sin rendición de cuentas y fiscalización, así como las entregas de comestibles a granel. Pero negó que se caigan los aportes para los 70 comedores, merenderos y copas de leche que tiene incluidos bajo programas el Ministerio de Desarrollo Social y que están regularizados, rinden cuentas mes a mes y presentan los comprobantes de las compras de insumos.
El enemigo es la tarjeta social que la Provincia implementará a partir de noviembre, a razón de 10 mil beneficiarios por mes, hasta completar los 69 mil plásticos, el número de familias en situación de vulnerabilidad al que llegó Desarrollo Social a partir del entrecruzamiento de datos de distintas bases y programas.
Le pegan por un costado obvio: que es insuficiente: “El Gobierno de la Provincia lanza con bombos y platillos una tarjeta social de 630 pesos, con la que pretende que los cordobeses solucionemos nuestra situación alimentaria. Cualquier persona sabe que con 4,40 pesos por día, por persona, no se sale de la indigencia y la pobreza a la que nos someten. Ni para un litro de leche alcanza, mucho menos para un almuerzo o cena familiar”.
Pero no ocultan que les preocupa la intermediación de las propias organizaciones: “Lo que realmente pretende el Gobierno provincial y nacional, mediante la excusa de la tarjeta social, es desabastecer completamente a los comedores populares y copas de leche de las organizaciones sociales independientes, quienes somos la contracara de los punteros políticos en los barrios y villas, y quienes llevamos adelante un trabajo real en nuestros territorios”.
Fernández volverá a reunirse con las organizaciones el jueves próximo.
El compromiso que asumió es no cortar aportes en los comedores, al menos, hasta el momento en que llegue masivamente la tarjeta, así como revisar la entrega de insumos en cada caso y responder, si se justifica la necesidad.
“Creemos que el sistema de tarjeta social es superador y permite llegar directamente, sin intermediarios, al beneficiario, al que le permite comer en casa, administrar sus recursos y multiplicar con su consumo la economía barrial. Los comedores fueron una respuesta a una emergencia, que se puede superar”, consideró Fernández.
Ag. de Noticias: Dia a Dia
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