Para la Provincia, los K quieren generar “caos social” en Córdoba, presentó ayer un amparo para que la Justicia Federal apure una resolución del ministro Tomada. La industria proveedora también teme paralizarse por efecto del conflicto que podría escalar más
La Provincia no descarta que en los próximos días se produzca una escalada intencional de la crisis suscitada una semana atrás por el bloqueo del gremio de los camioneros a diferentes supermercados de capital cordobés, en el marco de “un clima de alteración de la paz social” fogoneado por expresiones “de algunos fanáticos K que estimulan el conflicto intersindical”, señaló.
La dura advertencia está contenida en un recurso de amparo que el Gobierno de José Manuel de la Sota presentó en la tarde de ayer ante el juez federal de Turno, donde pide la intervención judicial para que el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, resuelva en 24 horas los recursos interpuestos por los sindicatos en pugna ante esa cartera para, luego, hacerlos cumplir.
Si bien la Provincia sostiene que mantendrá “el orden público”, apuntó que Tomada demora la resolución de una impugnación presentada por el Sindicato de Camioneros el 19 de marzo pasado, lo que da lugar a los bloqueos, “altera la paz social de los cordobeses” y “se encamina al caos social”, expresa lisa y llanamente la presentación.
El conflicto ya extiende sus consecuencias hacia otros sectores de la actividad económica, como la industria local proveedora que no puede entregar mercadería, alimentos y lácteos, según indicó la Unión Industrial de Córdoba (UIC). La Cámara de Comercio también expresó su inquietud por la evolución de la disputa.
El temor oficial es que, sin una decisión clara de Tomada, a partir del miércoles se plieguen a la protesta otros sectores vinculados al gremio que conducen Hugo Moyano y su hijo Pablo, como el caso del transporte de caudales y de los combustibles.
“Encontrándose expuestas las causas y el direccionamiento que se pretende dar a la disputa entre gremios por parte del Estado nacional, se lo hace a este responsable de cualquier alteración a la paz pública y sus consecuencias que pudieren ocurrir en la provincia de Córdoba con motivo del accionar irresponsable referido”, indica el pedido de medida cautelar que firma el fiscal de Estado, Jorge Córdoba.
Por su parte, el titular del gremio mercantil de Córdoba, Pablo Chacón, rompió el silencio para acusar a De la Sota de “connivencia política” con los Moyano. Consideró que el ministro de Trabajo provincial, Omar Dragún, debería haber dictado la conciliación obligatoria por la huelga que realizan los empleados de los depósitos.
Dragún alegó que la Provincia no tenía competencia para intervenir por tratarse de un encuadramiento sindical de orden nacional. Pero en otros conflictos, como el producido en 2012 en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), la cartera provincial dictó la conciliación.
También el ex ministro provincial, Jorge Sappia –autor de la ley de conciliación obligatoria– opinó que la Provincia podría haber dispuesto esa medida, por la huelga en los depósitos, más allá de que no pueda resolver en la cuestión de fondo. “Una conciliación habría dado oxígeno para negociar”, dijo.
Fuentes del Gobierno reconocieron la imposibilidad para obtener un canal formal de diálogo con los funcionarios kirchneristas que permita avanzar sobre el conflicto. “Directamente, nadie nos atiende el teléfono”, comentó el interlocutor.
Para la Provincia está clara la “intencionalidad política” de demorar la resolución del conflicto y responsabilizar a través de distintos voceros a las autoridades “que han sido y son en absoluto ajenas” a la problemática. En esa línea apuntó directamente al kirchnerismo.
“Hay connivencia entre De la Sota y Moyano”
Pablo Chacón (Titular de Empleados de Comercio). “La Provincia tendría que haber dictado hace rato la conciliación obligatoria. No lo hizo porque hay connivencia política del gobierno de José Manuel de la Sota con los Moyano.
Por eso permitió que los camioneros desembarcaran en Córdoba. Si quiere reclamar, Pablo Moyano debe apelar el dictamen que ya emitió la Nación”.
El conflicto, día por día
Domingo 24. Comenzó el bloqueo de Camioneros a los centros de distribución de supermercados. La cámara que nuclea al sector presentó una denuncia penal ante la Justicia.
Lunes 25. En el Ministerio de Trabajo provincial recibieron a Pablo Moyano, líder de Camioneros, y le expresaron que esa cartera no tiene potestad para resolver el conflicto.
Martes 26. Convocados por el Gobierno provincial, supermercadistas y el gremio se reunieron pero sin llegar a un acuerdo. Los bloqueos comenzaron a afectar el stock de productos.
Miércoles 27. El fiscal provincial Raúl Garzón se entrevistó por separado con las partes y luego las reunió en la Cámara de Comercio. Los diálogos fracasaron y los piquetes continuaron.
Jueves 28. El sindicato decidió seguir con los bloqueos hasta el miércoles. Blanch, vice de la Cámara de Supermercadistas, comparó el accionar del gremio con el de la Triple A.
Viernes 29. Comenzaron a verse espacios de góndolas vacías y algunos súper dieron cuenta de bajas en las ventas. Ya se bloqueó el ingreso de 250 camiones, según los supermercadistas.
Sábado 30. Prosiguió el acampe de activistas gremiales en los centros de distribución. La Provincia presentó un amparo y denunció que el kirchnerismo impulsa el “caos social”.
Fuente: La Voz-
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