Médicos garantizan servicios mínimos y continúan con medidas
Desconocen a la Secretaría de Trabajo como ente para llamar a una conciliación obligatoria en la salud. Exigen que para ello se convoque Comité de Garantías creado en el ámbito de la cartera laboral nacional.
Los trabajadores de la salud de Córdoba en conflicto decidieron continuar con las medidas de fuerza pese a la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia.
Mediante un comunicado, la UTS rechaza la resolución 287 de la Secretaria de Trabajo de la Provincia. «Esto conlleva en si mismo a la nulidad del acto, dado que omite hacerlo a la titular del conflicto, la UTS. En toda la resolución se obvia nombrar a las organizaciones gremiales que llevan adelante la medida. Con este artilugio lo que se busca es represaliar a los trabajadores en forma directa, lo cual es ilegal e inconstitucional».
En este sentido los médicos que encabezan las medidas nucleados en la UTS «niega, prima facie, toda autoridad a la Secretaria de Trabajo para regular el conflicto. Se trata de funcionarios de segundo rango nombrados por el gobernador, lo cual los convierten en juez y parte. Dichos funcionarios de segundo rango no son más que la correa de transmisión de la decisión política del gobernador Schiaretti de aplastar la huelga con la represión a los trabajadores».
«Dice en sus considerandos la resolución 257 que las asociaciones simplemente inscriptas no pueden convocar a medidas de fuerza y de facto no pueden ser reconocidas como sujetos de negociación colectiva. Es falso. Los convenios 87 y 98 de la OIT de rango constitucional así como los fallos de la Corte Suprema de Justicia en los casos Rossi y ATE-Pecifa y las recomendaciones del Comité de Expertos de la OIT convierten a los considerandos de la resolución 287 en una pieza de museo. Si así fuera el Ministro de Salud Oscar González estaría incurriendo en una grave violación de la ley, porque negoció acuerdos salariales particulares con grupos de obstetras y anestesistas con legalidad gremial inexistente», reza el comunicado.
Respecto a medidas de fuerza y acuerdos de gran trascendencia con participación directa del Ministro de Trabajo de la Nación nos remitimos al conflicto y los acuerdos de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte, simplemente inscripta y la participación de la CTA con tres miembros titulares en el Consejo del Salario.
«Con respecto a los servicios esenciales el secretario de trabajo hace gala de un desconocimiento absoluto de la legislación vigente. Pretende dictaminar per se que los servicios mínimos no se estarían cumpliendo avanzando sobre una atribución exclusiva del Comité de Garantías creado en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. Dicho comité emitió un solo dictamen, el número 1, valido solo para el conflicto puesto a su consideración, el de AMPROS-FESPROSA con Mendoza. Para el caso lo que debería haber hecho el secretario es pedir la convocatoria del Comité para que se expida en este conflicto. Su opinión sobre si están o no cumpliéndose los servicios mínimos es jurídicamente irrelevante porque no tiene atribuciones legales para ello.
FESPROSA y UTS rechazan de plano la resolución 287, que es un verdadero mamarracho jurídico, apenas una coartada leguleya para justificar la decisión política de iniciar la represalia directa de los trabajadores y quebrar el conflicto. Reiteran que la UTS y las asambleas han ratificado las medidas en el marco de la ley vigente, instando una vez más a la convocatoria sin condiciones a una mesa de diálogo para superar el conflicto», concluyen.
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