En 2012, los cordobeses pagaron el doble en multas, sanciones municipales. Abonaron $21,6 millones al Tribunal de Faltas, 11 millones más que en 2011. Fue porque se hicieron más multas, subieron fuerte los montos y mejoró el funcionamiento del Tribunal
Si, tal como dicen, el mejor aleccionador es el bolsillo; algunas conductas públicas de los cordobeses deben haber mejorado durante 2012.
Ese año, los vecinos de la ciudad abonaron el doble de dinero en multas al Tribunal de Faltas, el órgano municipal que se ocupa de convertir en sanciones todas las infracciones detectadas y registradas en actas por los cuerpos de inspectores.
Según las estadísticas brindadas desde el Tribunal a Día a Día, durante 2011 el importe pagado en multas totalizó 10,4 millones de pesos; mientras que en 2012 ascendió a 21,6 millones, un 108 por ciento más.
En cantidad de causas, esas recaudaciones correspondieron a un total de 309.400 en 2011 y a 329.900 al año siguiente; números que incluyen en ambos casos toda la variedad de sanciones giradas al Tribunal, aunque el 89 por ciento se corresponde con faltas de tránsito.
En ambos ejercicios, las multas generaron montos de dinero por cobrar al municipio mucho mayores a los que hasta ahora ha percibido, ya que menos de un tercio de los infractores se allana a pagar en las primeras instancias y en forma voluntaria. Al resto, hay que perseguirlo hasta por vía judicial.
Así, el total de sanciones aplicadas en 2011 generó de arranque 38,6 millones de pesos (de esos se cobraron los 10,4 millones), mientras que las 329.900 que entraron al Tribunal el año pasado equivalieron a 89,2 millones de pesos (en valores mínimos, los mismos sufren descuentos en pago voluntario y se incrementan en caso de rebeldías).
¿Por qué ingresó el doble por multas? Una parte del incremento se explica por más trabajo de los inspectores: labraron un 7% más de actas entre ambos años. A eso se suman otros dos factores: los fuertes aumentos aplicados a los montos de las multas por la gestión radical (en general fueron del 100% al 300%) y una mejora integral en la labor del Tribunal y el trabajo de los fiscalizadores.
Desde el Tribunal aseguran que el último factor fue el más significativo, porque sumó una eficiencia en la labor del cuerpo que seguirá reflejándose más plenamente a futuro en las estadísticas; en la medida en que tendencias como la mejora en el sistema de notificaciones o el envío a cobro judicial de infracciones sumen resultados. Este último, por ejemplo, lleva al menos seis meses de notificaciones a los multados y trámite administrativo previo para arrancar.
Menos errores. “En la foto que encontramos al inicio de la gestión, un 30 por ciento de las actas que llegaban al Tribunal de faltas tenían errores. Trabajamos de muchas formas para revertir eso y mejorar todos los procedimientos: capacitamos a los inspectores en la confección de actas, mejoramos el camino de ingreso y tratamiento de las causas en el Tribunal y restituimos poder a los jueces de falta”, apuntó Ramón Ortega, administrador General de la Justicia Administrativa de Faltas.
Ese tercio de actas defectuosas terminaba desestimado y sin poder cobrarse. “Logramos bajar las desestimaciones un 26 por ciento”, señaló Ortega, revelando que aunque lo central fue revertido con entrenamiento también se detectaron posibles ilícitos.
Por otra parte, el Tribunal mejoró la gestión de la oficina de notificaciones que tiene, encargada de anoticiar a los titulares de multas que sobre ellos pesa una sanción: esa oficina pasó de entregar 400 citaciones mensuales a 4 mil cada mes, cubriendo un universo de 158 barrios. El resto de los avisos es enviado mediante Correo Argentino.
Ortega destacó que también mejoró la labor de los jueces (destacó su colaboración) y se fijó criterios comunes para la buena aplicación de la normativa de multas. Según explicó, lo que prevalecía hasta 20111 era la aplicación general del monto mínimo de multas.
“Ahora los jueces consideran cinco factores consignados en las ordenanzas: la gravedad de la falta, la situación socioeconómica del infractor, sus antecedentes, el beneficio económico que le reportó el mal comportamiento y el modo en que se aplicó la sanción, si fue por una denuncia o en controles de oficio”; enumeró el funcionario.
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De cada 10 sancionados, sólo 2,4 gatilló voluntariamente
No hay descuentos del 40% ni amenaza que los convenza. Aunque las autoridades del Tribunal de Faltas destacan el incremento en la cantidad de vecinos que voluntariamente se hace cargo de sus multas, más de dos tercios de los sancionados no acude a pagar la sanción.
Los números del Tribunal de Faltas muestran que sobre un total de 329.910 penas aplicadas por el Tribunal de Faltas en 2012 (multas de todo tipo, en su mayoría de tránsito), sólo el 24% fueron resueltas por pago voluntario (80.032). El dato positivo para el cuerpo es que ese número creció un 3,6 por ciento respecto de 2011.
Lo que representa ese número es el grupo de personas que al ser notificadas de que se les aplicó una multa acudieron a poner en regla su situación. Esos casos acceden a un descuento del 40 por ciento sobre el monto cobrado como castigo. Quienes no responden al aviso, son notificados nuevamente y si la rebeldía persiste, al cabo de un proceso de unos seis meses la causa termina en Procuración, en trámite de cobro por vía judicial (con todos los recargos e intereses correspondientes).
Desde el Tribunal insisten en que durante el año pasado se trabajó en eficientizar toda esa cadena de trabajo, y destacan que subió 39 por ciento el envío a Procuración.
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Actas truchas por error y no tanto…
El color de un vehículo infractor descripto con un adjetivo vago como “claro”, por ejemplo, puede hacer naufragar el intento de aleccionar a un conductor imprudente con una multa. Errores de uso de lenguaje como ese y fallas diversas fueron detectados en las actas labradas por inspectores que llegaban al Tribunal de Faltas, y colaboraban –junto a otros errores– en que un tercio de las mismas terminara desestimada.
Durante 2012, la Subsecretaria de Capacitación y Formación de Recursos Humanos del municipio, con apoyo del Tribunal, organizó cursos de capacitación a los que asistieron 123 inspectores de diferentes áreas. Esa fue una de las maneras de combatir las equivocaciones.
“Partimos de la buena fe, apostando a la capacitación. Pero también se detectaron casos donde los errores pueden tener intención. Sobre eso abrimos investigaciones administrativas y hasta denuncias penales que están siguiendo su curso”, reveló Ramón Ortega, administrador General de la Justicia Administrativa de Faltas. Aunque evitó revelar detalles, señaló que los involucrados pueden no ser sólo inspectores, sino también funcionarios del Tribunal.
En la “lucha contra el error”, el administrador precisó que se aplicaron diversos métodos de control de gestión en la Justicia de Faltas y sobre la tarea de inspectores. Por caso, con la Ordenanza Orgánica que hizo aprobar en el inicio de su gestión, Ramón Mestre restituyó a los jueces de faltas el poder de citar a inspectores y funcionarios intervinientes de operativos de control para requerirles explicaciones sobre su accionar, y sancionarlos en caso de detectar falencias.
Fuente: Día a Día
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