La Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil denunció la violencia de la Policía de Córdoba en una audiencia pública realizada en la Cámara de Diputados.
Los casos de gatillo fácil de la Policía de Córdoba llegaron al Congreso de la Nación. Integrantes de la Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil de Córdoba participaron ayer de una audiencia pública en la Cámara de Diputados, con la presencia de Natalia Suárez y Emilia Rojas, las madres de Lautaro Torres (16) y Cristian Guevara (18), respectivamente, dos víctimas de casos de violencia policial.
La audiencia pública fue organizad por la Coordinadora de Familiares y el Frente de Izquierda (FI), y contó con la presencia del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que dirige Horacio Verbitsky, y del diputado Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas en el FI. También participaron de la Audiencia la referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
Juan Pablo Aguilar, del CeProDH, dijo que según los cálculos de esa entidad y de la Coordinadora de Familiares de Víctimas, en esta provincia se produjeron 20 casos de gatillo fácil en 20 meses, “sólo contando las personas que fueron asesinadas”. Este cálculo incluye víctimas en cárceles y comisarías. Aguilar adelantó que para denunciar esta situación, el 7 de noviembre se realizará un festival en la Plaza San Martín de esta ciudad.
La política de seguridad del gobierno de José Manuel de la Sota estuvo en el centro de las críticas. Como se sabe, el mandatario acaba de ratificar en su cargo al jefe de la Policía, comisario general Julio César Suárez, quien está imputado por amenazar a un periodista que viene haciendo el seguimiento de la violencia policial en la provincia. En el marco de la audiencia pública, Emilia Rojas, madre de una víctima, acusó a De la Sota de “avalar todo”. “(En Córdoba) los jóvenes son perseguidos por ser pobres, no hay ningún policía preso y nuestros hijos están muertos. Queremos que esto se conozca a nivel nacional”, sostuvo.
Por su parte, Natalia Suárez denunció “al poder político y judicial de Córdoba, que no quiere castigar a los policías que ejecutaron a nuestros hijos. De la Sota justifica todas estas muertes, así como las amenazas y hasta tiroteos en las casas de quienes denunciamos esta situación”. Sin embargo, la mujer advirtió que esta situación no se produce solamente en Córdoba, sino “en todas las provincias”.
Además de los casos de muertes en Córdoba en hechos de gatillo fácil, durante la audiencia se trataron casos producidos en provincia de Buenos Aires.
Fuente: La Mañana
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