Si se niega al narcotest, multa de $ 20 mil y 2 años sin manejar, al igual que con la alcoholemia, se aplicaría la máxima sanción a quien se resista al control. Es uno de los varios cambios que el municipio quiere introducir en el Código de Convivencia.
En breve, los conductores que en un control de inspectores municipales se nieguen a realizarse el test de drogas tendrán la máxima sanción prevista por el Código de Convivencia de la ciudad de Córdoba para quien conduce bajo el efecto de estupefacientes: multa de casi 20 mil pesos e inhabilitación para manejar por el plazo de dos años.
Los controles de consumo de drogas ilegales se realizan en Córdoba desde septiembre último, pero el Código de Convivencia –que comenzó a regir el 1° de abril– no prevé qué hacer en el caso de que un conductor se niegue a realizar el test. A remediar ese vacío apunta uno de los cambios que el Ejecutivo municipal quiere introducir en el Código.
El proyecto con las modificaciones propuestas por el municipio ingresó el miércoles al Concejo Deliberante. Incluye cambios en 16 artículos del Código y agrega un nuevo capítulo, vinculado a las infracciones relativas al planeamiento urbano.
“Estas modificaciones se propusieron a partir de un trabajo de observación y análisis que realizó una comisión de jueces de faltas, tras varios meses de vigencia del Código de Convivencia. Esa comisión entendió que era conveniente aplicar, en el caso de los controles de drogas, el mismo criterio que se aplica para los controles de alcoholemia, esto es, rige la máxima sanción prevista si el conductor se niega a someterse al test”, explicó Ramón Ortega.
El funcionario recalcó que los cambios propuestos son varios y que unos cuantos obedecen a otra recomendación de los jueces de faltas, que entienden que los mínimos previstos en el monto de algunas multas son muy elevados. “En esos casos, se prevé una disminución de los mínimos”, indicó.
Atadas al surtidor
Las sanciones se rigen por la Unidad Económica de Multa (UEM), que equivale a ocho litros de nafta súper. En la actualidad, ese monto es de 152,72 pesos.
El fuerte aumento que tuvieron los combustibles en el último año hizo que el municipio reduzca la cantidad de litros de nafta a los que equivale la UEM –el proyecto original era de 15 litros por unidad de multa– y ahora los propios jueces son quienes solicitan disminuir los montos mínimos de varias faltas, puesto que pagarlas representa muchas veces el cierre de algunos establecimientos.
Es el caso de las sanciones que se aplican quienes elaboran, fraccionan o venden alimentos o bebidas que carecen de sellos o rótulos reglamentarios. El Código establece multas de 20 a 300 UEM (3.054 a 45.816 pesos), y se propone una disminución de las multas de 15 a 200 UEM. También se impulsa la disminución de las multas mínimas a quienes carezcan de la documentación sanitaria exigible, a los edificios que no cuenten con las instalaciones reglamentarias contra incendios o no cumplan con las exigencias en materia de desinfección o limpieza de tanques y cisternas.
Más cambios
El proyecto de reforma del Código de Convivencia también apunta a darles a los jueces más facultades de ponderación de las sanciones. Se ratifican los criterios que permiten la reducción de las multas según la gravedad del hecho, la situación económica del infractor, los antecedentes o el beneficio económico que la infracción pudiera haberle reportado. Pero además, se habilita a los jueces a incrementar hasta un 30 por ciento los montos previstos cuando el infractor sea declarado en rebeldía.
Respecto de las actividades de espectáculos públicos no habilitadas, el proyecto introduce la posibilidad de decomisar muebles, equipos, bebidas y demás elementos de los locales que sean reincidentes en la infracción, además de las correspondiente multa y la clausura.
También se propone una modificación respecto de las infracciones vinculadas a la generación, trasporte, tratamiento y disposición final de residuos no convencionales. Se mantienen multas muy altas para los grandes generadores (de 100 a 5.000 UEM) y se fijan multas de 30 a 1.000 para el caso de particulares.
Fuente: La Voz
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