Eso argumentaron los jueces del TOF2 en los fundamentos por el «narcoescándalo». Cuestionaron a miembros del Poder Judicial y a Tomás Méndez. Exigen una «investigación integral».
El Tribunal que condenó al extitular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía cordobesa y a otros cuatro efectivos por presuntos vínculos con narcos advirtió en los fundamentos de la sentencia, dados a conocer este martes, que existen otros policías que no se han investigado y que «corresponde» que se lo haga.
Los jueces ordenaron, además, abrir una causa para determinar la actuación del fiscal Federal Enrique Senestrari, que acusó en el juicio oral, y cuestionan duramente la liberación del falso agente encubierto Juan «El Francés» Viarnes, que dio origen al «narcoescándalo», actualmente prófugo
En su voto, el juez Mario Garzón consideró que existe una «gran cantidad de interrogantes que excede el marco de lo juzgado» en el debate, por lo que solicitó el envío de la sentencia al fiscal Federal en turno «para la investigación integral de una cuestión que debe aclararse en beneficio de la sociedad y la confianza en la independencia del Poder Judicial».
«Se advierte -indicó- que existen funcionarios policiales, integrantes de la división, hoy en situación de retiro o en otras divisiones, que habrían participado de las mismas actividades de los hoy condenados, en la misma condición y jerarquía, sobre los cuales no se han iniciado ni profundizado investigaciones, por lo que entendemos que corresponde que se investiguen dichos extremos». En relación con dichos funcionarios, afirmó que «existen fuertes indicios de conocer y tener relaciones funcionales» con Viarnes.
¿Cómo está libre? El Tribunal Oral Federal (TOF) 2, integrado también por los jueces Miguel Hugo Vaca Narvaja y Daniel Herrera Piedrabuena, señaló que dados sus antecedentes delictivos, se preguntan «cómo fue posible la libertad de Viarnes«.
Recordó que «el catálogo de delitos que habría cometido el nombrado es muy amplio, desde la falsificación de credenciales, hacerse pasar por abogado, militar, haber extorsionado, instigado a otros a cometer delitos».
«Viarnes impresionaba con su impronta, gestos y modos de hablar y actuar (se hizo ver con el ex ministro de Seguridad Sergio Berni y saliendo de la puerta que conduce al despacho de un juez)», dijo el magistrado.
Sostuvo que «El Francés» decía «que tenía estudio jurídico con el abogado (Fernando) Burlando e incluso atendió casos delegados por una letrada, se presentaba con uniforme de combate o de coronel, incluso acompañado de otras personas que vestían igual». Agregó que «recibía sobres con dinero de manera misteriosa en un local cercano a su domicilio y simuló recibir instrucciones o tener reuniones con Berni en Buenos Aires, según dichos de Daniel Córdoba», otro «informante» que hubo en la causa.
Contra Méndez y el fiscal. Por otra parte, el juez Garzón sostuvo que «atento diversas cuestiones surgidas en la audiencia de debate», hay que investigar lo dicho en los alegatos por Facundo Zapiola, defensor de uno de los imputados, respecto de la actuación del fiscal Senestrari.
El Tribunal recordó que, en su exposición, el abogado sostuvo que Senestrari «tomó una declaración a un testigo encontrándose delegada la instrucción, y la incorporó maliciosamente al expediente cuando la Cámara Federal otorgó la excarcelación a su asistido».
El TOF2 consideró también que debe investigarse la actuación de Tomás Méndez, el periodista que difundió mediante cámaras ocultas las denuncias de Viarnes, en base a lo declarado por el testigo Marcelo Castro.
Castro, exproductor del programa ADN, dirigido por Méndez, relató al Tribunal que éste «era el productor general del programa y decidía qué salía y qué no».
Señaló que algunas de las cosas que difundía eran verdad, «pero en otras quedaba gente involucrada injustamente» y precisó que «Tomás Méndez predicaba contra la corrupción, pero era corrupto».
«Al aire decía mentiras que se las creía. Era un mitómano», agregó el testigo.
Hace una semana, el Tribunal condenó al extitular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Rafael Sosa, a tres años y ocho meses de prisión por «violación de los deberes de funcionario público, en concurso real en dos hechos».
Las otras condenas fueron para los comisarios Gustavo González (1 año y medio) y Alfredo Seine (1 año), el sargento Fabián Peralta Dátoli (1 y ocho meses) y el oficial Franco Arguello (seis años) por «extorsión y violación de los deberes de funcionario público».
Sin embargo, no se pudo probar que integraran una asociación ilícita, como había considerado el fiscal Senestari.
Fuente: Dia a Dia
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