Un relevamiento permitió elaborar un mapa de la capital provincial donde figuran 97 zonas rojas o críticas, áreas donde no entran ómnibus, taxis ni remises. Los proveedores no pueden ingresar a esos barrios a menos que paguen “peaje” o contraten a un “referente” del sector. Abundan las peleas entre bandas.
En la ciudad de Córdoba existen 77 zonas rojas y 20 consideradas críticas en lo que respecta a la inseguridad y a la violencia urbana.
El dato surge de un mapa elaborado por la Jefatura de Policía de Córdoba en noviembre último y que fue contrastado con diversas fuentes: funcionarios judiciales, médicos, taxistas, proveedores, carteros e incluso delincuentes dedicados a robos y asaltos.
Pero, además de considerar el delito desde el punto de vista geográfico, lo más sorprendente es que hay un submundo en el que los asuntos se arreglan a pura bala, bandas que se roban entre sí y nadie de las instituciones oficiales se entera, y pistoleros avezados que proponen “colaborar” para erradicar los quioscos de droga que están matando a sus hijos.
La respuesta ante esta radiografía fue, a mediados del año pasado, la Policía de Pacificación, casillas ubicadas cerca de algunas de estas zonas marcadas por el delito.
Esa política la implementó el entonces jefe de la fuerza, Julio Suárez, y ahora no tendrá continuidad con la nueva gestión encabezada por Gustavo Vélez.
“Esto no funcionó y el sistema va a desaparecer. Acá se está elaborando un plan muy ambicioso, que lo está armando el secretario de Seguridad, Diego Hak. Habrá policías por cuadrante y un observatorio delictual”, confió una alta fuente de la Jefatura, escudándose en el anonimato.
Taxis y remises no ingresan, no llegan ni a la frontera de las zonas rojas o críticas, y los colectivos tienen sus últimas paradas a una distancia prudencial.
Una iniciativa muy interesante, que se desarrolló durante los últimos cuatro meses del año pasado, es una reunión “interdisciplinaria” que se realiza todos los jueves, de la que participan integrantes de la Policía, funcionarios de transporte de la provincia y de la Municipalidad, empresarios que explotan el servicio de transporte urbano, representantes de las flotas de taxis y remises y delegados gremiales.
El miedo no es zonzo
“Acá todos sabemos quiénes venden la droga, pero si hablamos, somos boleta”.
Esta es la respuesta repetida de personas que trabajan y no pueden salir de las villas o barrios peligrosos porque no tienen medios para hacerlo.
Algunos lo lograron y se marcharon a lugares tranquilos del interior.
Y a medida que se recorren esas zonas rojas o críticas, se escuchan testimonios más que esclarecedores.
“Mirá, yo vengo a la guardería y no traigo nada encima. Ni celular, ni reloj, ni anillo, ni cartera. Tampoco vengo en auto. Y lo más grave es que son los propios padres de los alumnos los que nos asaltan o roban”, dice una docente de Villa Urquiza, barriada que se levanta a orillas del Suquía, frente a barrio Urca y detrás de la avenida Colón.
Lo mismo repiten maestras de otros barrios, como San Jorge, Ituzaingó y Yapeyú, por citar algunos.
Ni qué hablar de los carteros cuando les toca repartir correspondencia en sitios donde no entran ni las ambulancias, porque las desmantelan.
“Acá vienen y nos piden que les guardemos la bicicleta o la moto, reloj, anillo y celular. Y de aquí caminan por las calles de tierra de la villa. Por favor, no vayás a poner que nosotros les guardamos sus cosas, porque si se enteran, son capaces de venir y rompernos los vidrios o quemarnos los autos de los empleados”, implora el gerente de una empresa enclavada en el ingreso a una de las zonas rojas.
Cómo será el peligro que acecha en ciertos lugares de la ciudad que hay notificadores judiciales que, por temor, se niegan a citar testigos.
El abogado Eduardo Capdevila, que ocupó la Secretaría de Seguridad en la época del gobierno de Eduardo Angeloz, muestra cédulas de notificación que no se concretaron. Dos de ellas eran citaciones en barrio San Roque.
“Certifico que la presente no pudo ser diligenciada por ser un domicilio de zona roja, corriendo peligro mi integridad física”, se lee al final de una de las notificaciones.
“Yo creo que el notificador actuó bien; peor hubiera sido que dijera ‘no se encontró el domicilio’ o ‘domicilio inexistente’, como hacen algunos”, opina Capdevila.
Sus palabras son avaladas a diario cuando se escucha en Tribunales que tal o cual persona “no se encontraba en esa dirección” o dicen que “no vive más y se ignora su paradero”.
Quienes tampoco la pasan bien en las áreas rojas o críticas son los proveedores.
“En Bajo Yapeyú, tuvieron que cerrar las dos carnicerías que había porque no podían entrar los camiones con carne, pollos y achuras. Tampoco entraban los de la Coca Cola ni de las cervecerías o vinos. Hasta no hace mucho, el único que entraba era el muchacho de Manfrey, que llegaba muy temprano y pagaba ‘peaje’. Cada vez que llegaba, debía dejar una bandeja de yogures y algunos pesos para los ‘fasos’. Ahora le encontraron la vuelta. Se buscan un puntero de la villa y le pagan para que los acompañe en el camión mientras reparten. Así nadie los toca”, cuenta un comisario retirado, especialista en seguridad.
Ladrones preocupados
En ese mismo asentamiento, dos avezados delincuentes que ya pisan los 50 años nos cuentan su preocupación porque la droga está enfermando a sus chicos.
Carlos H. dice que en los sectores más vulnerables “la droga está haciendo estragos”.
“Yo tengo un chico y dos sobrinos que consumen lo que venga. No sabemos qué hacer. Hay muchas pastillas que se distribuyen entre los chicos y se las vende una farmacia de barrio General Paz. Ya la allanaron cinco veces y siguen vendiendo clonazepam y sobre todo rohypnol, que los pone locos. Yo quisiera colaborar para erradicar los quioscos que nos están matando. Y cada vez hay más, porque es menos peligroso vender drogas que salir a robar”, narra.
El mismo delincuente asegura que en Villa El Libertador “funcionan 150 quioscos de droga al menudeo”. “Pase por los quioscos y fíjese que los paquetes de caramelos y galletas están cubiertos de tierra, son una pantalla. Y ahora inventaron otra: tienen refrigeradores con cerveza y ahí guardan los porros o ravioles”.
Los dichos son corroborados por este cronista en calle Costa Rica, en el ingreso a Bajo Yapeyú. Son las 11.10 de la mañana de un miércoles y siete muchachones fuman porros en plena calle.
Usurpación y discriminación
Otro fenómeno que se observa en los asentamientos que fueron usurpados es la discriminación y persecución que hay respecto de ciudadanos peruanos y bolivianos.
Mientras los okupas locales levantan ranchos con cartón, madera y algunas chapas, los peruanos y bolivianos –que en su mayoría son albañiles– construyen sus casas con materiales.
“Una vez que las terminan, vienen los ‘pesados’ con pistolas, los echan y se quedan con sus casas. Son gente pacífica y temerosa. No tienen otro camino que escapar y volver a empezar en algún otro lado”, cuenta una trabajadora social que colabora en zonas marginales.
Las venganzas están a la orden del día en las zonas rojas.
“Han cambiado de modalidad: ahora se matan entre ellos. Hay bandas armadas que se enteran de que otra banda dio un golpe bueno y la asaltan. Después vienen las venganzas, los muertos, las amenazas y las casas quemadas. La mayoría de las veces, los que hacen los narcosecuestros no son narcos, son choros que, al enterarse de que están empollando (ganando) bien, se los llevan para sacarles la guita”, cuenta un guardiacárcel que reside en un barrio de la zona roja.
El mismo comisario retirado que se refirió al tráfico de drogas al menudeo se quejó porque la Policía “no hace tareas de inteligencia”.
“Todos saben, en todos lados, quiénes venden ‘merca’. Además, es muy sencillo detectarlos en las villas o barrios muy humildes. Han sido choros que se metieron con la droga y lo primero que hacen es tener un auto de alta gama; ya no quieren andar más en el viejo que tenían. Y si se sigue la pista de los autos de alta gama y camionetas 4×4 que se roban en la ciudad, van a cortar el ingreso de la pasta base o la cocaína que viene de Bolivia, donde se cambian los autos por droga”, concluye el oficial consultado.
Fuente: La Voz
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