Se busca que participen otros actores sociales y judiciales, para debatir esta iniciativa en la Legislatura. Sólo en «departamentos privados» y en la calle podrán ofrecerse servicios sexuales. Testimonio de Roxana Piñeiro.
Así lo confirmó el presidente del bloque de Unión por Córdoba, el legislador Sergio Busso. De esta manera, el oficialismo recogió el guante tras las críticas recibidas luego del anuncio del gobernador José Manuel de la Sota, el lunes. «La idea del oficialismo es dar un debate amplio en comisión como lo ameritan dos iniciativas tan importantes», «vamos a escuchar a todas las partes involucradas. Desde el Poder Ejecutivo, que es el autor de las normas, hasta el Poder Judicial, el Ministerio Público (fiscalías), los municipios, la justicia federal y también escucharemos las opiniones de organizaciones y asociaciones involucradas».
«No perseguimos a la prostitución, respetamos la libertad sexual de las personas; el proyecto busca prevenir la esclavitud de mujeres», indicó Busso en coincidencia con De la Sota quien, en el proyecto de ley, dijo: «El Gobierno no formula juicios de valor respecto de la sexualidad de las personas».
En la Legislatura imaginan que en dos o tres semanas la ley verá la luz, junto con otra que prevé atacar el narcotráfico. Ambas fueron enviadas ayer por José Manuel de la Sota. Hoy, antes de la sesión, la comisión de labor parlamentaria acordará cómo abordar el debate. El PJ considera que entre cinco y seis comisiones deberán analizar la letra chica de la ley. «En los hechos, funcionará como una comisión especial en la que participarán casi la totalidad de los legisladores. Creemos que el presidente provisorio de la Legislatura (Carlos Alessandri) debe presidir el debate en comisión», anticipó Busso.
La Legislatura convocará, entre otros actores de la sociedad civil, a la Mesa Provincia-Municipios. Quiere un aval indubitativo de los intendentes del interior, allí donde se concentran los casos de trata de personas, de acuerdo con los resultados de los últimos operativos en este sentido.
Ayer, de hecho, De la Sota planteó la necesidad de que los intendentes «dejen de cobrarle tasa municipales» a las whiskerías porque pasarán a ser ilegales. «Los intendentes están totalmente de acuerdo. También va a haber que eliminar la legislación que le cobra impuestos a estos locales», dijo
Un testimonio. Roxana Piñeiro, ex-canditadata a intendente de Pilar, además de vecina y ex tallerista del Inadi que participó de la búsqueda y rescate de Gisela, opinó que «es un gran anuncio» el que hizo el Gobierno de Córdoba esta semana, aunque juzgó que «la falta de recursos especializados» podría complicar la materialización del proyecto. «Espero que se pueda ejecutar, y si es así, que la medida no esclavice más aún, con otra modalidad, a las mujeres obligadas a trabajar como prostitutas», apuntó.
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