En 2015, hubo 1.179 niños y adolescentes privados de la libertad en Córdoba. La mayoría fue por robo. Según el juez González del Solar, en todos los casos hubo experiencias previas con drogas. Algo parecido observan desde la Senaf.
El año pasado, 1.179 niños y adolescentes fueron privados de la libertad en la ciudad de Córdoba por presuntas infracciones a la ley penal, según datos oficiales. El informe del Centro de Estudios y Proyectos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) –elaborado en base los datos brindados por la Defensoría Pública en Niñez, Juventud y Violencia Familiar– muestra que el delito más atribuido a estos chicos fue el robo (simple, calificado, agravado o en grado de tentativa). Por ese motivo se produjeron 989 de las privaciones de la libertad.
El informe se refiere a los jóvenes de menos de 18 años en Córdoba capital (los mayores se rigen por el sistema penal para adultos, aunque eventualmente quedan en el sistema juvenil tras cumplir esa edad).
Pero más allá de las cifras frías, un dato llama la atención: según el juez José González del Solar, de los chicos que pasan por su juzgado, casi el 100 por ciento tuvo una experiencia previa con estupefacientes. “No quiere decir que todos sean adictos, pero todos tienen o tuvieron alguna relación, esporádica o frecuente, con alguna droga”, señala.
González del Solar es titular del Juzgado de 4ª Nominación Penal Juvenil, uno de los cuatro que existen en la ciudad de Córdoba para este fuero. Y uno de los funcionarios con mayor experiencia en el área.
Su percepción sobre el consumo de drogas es similar a la de Raquel Krawchick, titular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf): “Yo diría que la amplia mayoría –casi un 90 por ciento– tiene o tuvo alguna relación con el consumo problemático, aunque adictos sean los menos. Hay muchas consultas y por eso estamos por diseñar un sistema de asistencia para la prevención y tratamiento dentro del Complejo Esperanza”, señala la funcionaria a cargo del área que articula las políticas para estos jóvenes, junto al Poder Judicial.
Familias destruidas
Por su parte, González del Solar explica que “en todos estos casos hablamos de familias inexistentes, indolentes o impotentes; son chicos que fueron descuidados y hoy están dominados por la droga. Hay que estar ahí para escuchar a esas madres que no saben qué hacer”.
Para el cura Mariano Oberlin, a cargo de uno de los pocos centros de prevención y asistencia –en barrio Müller–, “no hay que caer en la tentación de criminalizar a quien consume, sino ayudarlos a salir”. Agrega: “No tengo estadísticas ni estudios, pero puedo hablar desde la experiencia. En los sectores más vulnerables, para conseguir droga, y muchas veces estimulados por las drogas, los pibes caen en el delito. En los sectores más pudientes, por el contrario, los jóvenes consiguen recursos sin necesidad de cometer delitos en la calle. De todos modos, está claro que si no se incluye socialmente a los chicos, no hay salida posible”.
La población que incluye el informe del Poder Judicial fue alojada primero en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD) –población masculina, 91 por ciento del total– y en el Centro Socio-Educativo de Mujeres Adolescentes (Csema) –población femenina, 9 por ciento del total–, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015. El informe no contempla a los adolescentes privados de libertad conforme al Código de Faltas.
Fente: La Voz
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