Gremios prometen “alta conflictividad” si avanza ley que limita paros. Hoy a las 16 movilizarán a la Legislatura para reclamar el archivo de la polémica iniciativa. Sergio Busso aseguró que el oficialismo buscará consenso con las partes involucradas. “O quedará en un intento”, admitió.
Los gremios de la CGT Regional Córdoba y la CGT Rodríguez Peña se movilizarán hoy a las 16 hasta la Legislatura provincial, para reclamar el archivo del proyecto de ley que limita el derecho de huelga en servicios esenciales, autoría de tres legisladores de Unión por Córdoba.
La iniciativa tomará hoy estado parlamentario, pero uno de sus autores, Sergio Busso, descartó que sea tratado sobre tablas como sugieren algunos sindicalistas (ver aparte).
La marcha tiene por objetivo pedir el archivo del proyecto y «no discutir, ni pedir cambios», según dijo el secretario adjunto de la Rodríguez Peña y titular de Luz y Fuerza, Gabriel Suárez.
La movilización será con activos y cuerpos orgánicos, pero por la cantidad de gremios que participarán se prevé una presencia importante de manifestantes en el centro de la ciudad.
Tal como anunció ayer este diario, las CGT confirmaron que convocarán a un paro provincial si el oficialismo decide tratar el tema en el recinto, ya sea hoy sobre tablas, o en las próximas semanas.
En ese sentido, el lucifuercista Suárez advirtió que si el gobierno provincial insiste en avanzar con el proyecto, habrá “conflictividad extrema” y “se paralizará” la provincia.
Qué dice el proyecto
• La ley de “Garantías para el Acceso a los Servicios Esenciales”, impulsada por los legisladores oficialistas Sergio Busso, Oscar González y Carlos Gutiérrez, propone limitar y reglamentar el derecho de huelga en servicios esenciales (salud, recolección de residuos, distribución y producción de agua y energía) y en otros servicios públicos no esenciales (por ejemplo, transporte público, Justicia y Educación).
• La lista de servicios esenciales podría ampliarse con incorporación de otras actividades.
• El proyecto obliga a los gremios a anunciar con cinco días de antelación las medidas de fuerza, y establece la obligatoriedad de guardias y servicios mínimos en todos los rubros mencionados arriba.
• Sanciones: a través de la modificación del Código de Faltas de la Provincia, las infracciones y violaciones a la ley estarán penadas con hasta 30 días de arresto.
“Hoy no están dadas las condiciones para tratar el proyecto, pero no sabemos qué puede pasar después. En Córdoba estamos acostumbrados a leyes aprobadas entre gallos y medianoche”, afirmó.
El dirigente de Luz y Fuerza sostuvo que “Perón se levantaría de su tumba si viera el proyecto”, y dijo que si el gobernador José Manuel de la Sota convalida el proyecto que limita el derecho de huelga, “no solo está violando la Constitución sino los principios del Partido Justicialista”. “Hay que ver si tiene espalda para esto”, deslizó.
Por su parte, el titular de la CGT Regional Córdoba, José Pihen, indicó que “si quieren sacar la ley de pecho, habrá paro provincial”.
Pese a las advertencias, los sindicalistas confían en que UPC no avanzará hasta no lograr alguna cuota de consenso, como sí sucedería si del proyecto dependieran ingresos o ahorros para la Provincia, como sucedió con la ley de reforma jubilatoria, o la tasa vial.
Pihén interpretó que el gobernador “se fijó en las encuestas, porque el 70 por ciento de la gente está a favor de limitar el derecho de huelga”.
El titular del SEP leyó anteayer en el plenario de las CGT un correo electrónico de De la Sota, enviado el sábado pasado, donde afirma que la polémica iniciativa “no es un proyecto del Poder Ejecutivo, ni es prioridad para la Gobernación”, aunque admite su acuerdo con la idea de base.
Acuerdos difíciles
Además de los problemas que UPC tendría para reunir en su propio bloque los votos necesarios para aprobar el proyecto, tampoco contaría con el acompañamiento de los bloques opositores.
En el radicalismo pesarán las diferencias internas. El titular de la bancada, Eduardo Yuni, no fue contundente en rechazar la iniciativa (aunque dijo que habría que discutir mejores salarios para los trabajadores, para que los gremios no tengan necesidad de realizar medidas de fuerza), pero su correligionario Rodrigo de Loredo (aguadista) lo rechazó de plano y dijo que la iniciativa había sido redactada “mirando las encuestas pero no la Constitución”.
En el caso del Frente Cívico, la titular de la bancada, Liliana Montero, rechazó por su parte la iniciativa, y se quejó porque el oficialismo no abrió una línea de diálogo con la oposición.
Fuente: La Mañana
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