La Provincia ratificó que, de todos modos, la nueva ley es aplicable en todas las localidades. En el interior, casi no se registran delitos con “motochorros”. Los municipios del interior provincial no adherirían, mediante ordenanzas propias, a la nueva ley provincial que exige que los motociclistas coloquen stickers identificatorios del número de dominio del rodado en el casco.
De todos modos, desde el Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba ratifican que esa ley será de aplicación en cada localidad cordobesa porque la Policía la pondrá en práctica, sin depender de inspectores municipales.
Entre los municipios más grandes del interior no está ni siquiera en debate la adhesión formal a la ley. Menos aún entre los medianos y chicos, porque consideran que el fenómeno que se pretende controlar mediante esa norma (el del delito con el uso de motos) no es una realidad visible en esas poblaciones. Cuando fue aprobada por la Unicameral en marzo de 2013, el entonces ministro de Seguridad, Alejo Paredes –promotor de la norma–, advirtió que sería aplicable en toda la provincia, sin necesidad de que cada localidad adhiriera. Ahora, voceros del actual ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg, ratificaron ese criterio.
“Es una tarea policial, no municipal. La implementación será progresiva y seguramente empezará por Capital”, se indicó. “Está incluida en el Código de Faltas, por lo cual la Policía de Córdoba tendrá facultades para hacer los controles en todo el territorio”, se ratificó, con similar criterio al anunciado hace un año. El argumento es que los controles se vinculan con la prevención del delito, y no con normas de tránsito que sí entran en jurisdicción de las autonomías municipales.
En el interior, en todo caso, parece haber alguna expectativa de que esta norma ayude a controlar el efectivo uso de cascos (por la presencia policial), más que a reducir los delitos con “motochorros”. De hecho, numerosos municipios han logrado que la mayoría de sus motociclistas usen casco, pero muchos otros tienen dificultades.
Un artículo de la ley aprobada en 2013 establece que los municipios podrán firmar convenios con la Policía para hacer controles conjuntos. Pero ese agregado no obliga a la Policía a contar con la adhesión de los municipios para controlar la patente en cascos.
Desde que se empezó a discutir la ley, fuentes policiales admitían que se concentrarían los esfuerzos de aplicación en la ciudad de Córdoba y, en todo caso, en las mayores del interior.
Salvo en Río Cuarto, donde se han dado algunos casos, ese tipo de arrebatos casi no aparece en el interior.
En la cabeza
Se calcula que hay 700 mil motos y ciclomotores en la provincia. La ley 10.138 prevé que quienes no lleven en sus cascos la calcomanía con la patente podrán recibir multas, secuestro de la moto y hasta días de arresto si reinciden. Se lo exigirá junto a la documentación obligatoria.
Asociaciones de usuarios y concesionarias reclaman contra esta norma. Consideran que “es estigmatizante” por vincular a todo motociclista con la delincuencia y apuntan que no resolverá el flagelo de los arrebatos. También la califican de arbitraria y cuestionan que opera como “un nuevo impuesto” por el costo de los stickers, que se renuevan cada dos años.
Fuente: La Voz
Comentar post