Liberan a un policía, y otros 15 siguen detenidos. Se trata del oficial ayudante Cristian Molina. Aunque sigue imputado, su abogado presentó pruebas de que hacía adicionales cuando comenzó el acuartelamiento.
El fiscal de Instrucción de feria Raúl Garzón le otorgó ayer la libertad al oficial ayudante Cristian Daniel Molina, uno de los 16 policías que fueron detenidos en el marco de la investigación por el autoacuartelamiento de diciembre pasado, el que derivó en los saqueos.
Según el abogado defensor Ricardo Moreno, el fiscal concedió la libertad a Molina “con celeridad”, luego de tomarle testimonio y de “evaluar” la veracidad de la prueba presentada por la defensa. El fiscal, en tanto, dijo que tomó la decisión por el beneficio de la duda.
Moreno dijo que su defendido no estaba en el lugar donde la acusación del fiscal lo ubicó en los días de la revuelta policial para involucrarlo en los delitos que se le imputaron. Por el contrario, Molina estaba en franco de servicio, cumpliendo tareas como adicional en una empresa privada, situación que fue corroborada con el libro de guardia de esa firma, dijo el penalista. Moreno también tiene la representación de la exagente penitenciaria Adriana Rearte, quien había sido detenida por la misma causa, y quien recuperó la libertad el miércoles último.
No obstante, de acuerdo con los dichos de Moreno, tanto Molina como Rearte permanecen imputados y bajo proceso; Rearte acusada de entorpecimiento funcional agravado por el número, y Molina por desobediencia a la autoridad e instigación a cometer delito.
La misma imputación se les ha impuesto a los 15 restantes policías que quedan detenidos, 13 de los cuales también pidieron su excarcelación, pero les fue denegada por el fiscal Garzón. Los abogados defensores de estos imputados apelaron la decisión del fiscal y aguardan que el juez de Control de Feria, Gustavo Rodríguez, se expida al respecto.
Ayer declararon ante el fiscal cuatro de estos uniformados privados de la libertad, a la vez que se citó al comisario mayor Claudio Vignetta, director general de Seguridad de Capital.
Allegados a la causa informaron que hoy serán indagados dos policías detenidos que todavía no prestaron declaración.
Críticas y respaldo
El abogado defensor de la mayoría de los detenidos en la causa, Miguel Ortiz Pellegrini, cuestionó con dureza al fiscal Garzón, a quien acusó de ser funcional al Gobierno provincial.
“La acusación –declaró el abogado a Cadena 3– es desobediencia, que tiene una pena de 15 días a un año, y la otra es instigación, cuando esta última tiene una pena superior a los seis años pero se refiere a un delito como desobediencia, toda la doctrina argentina dice que es impune”. Y concluyó: “Desde el punto de visto del derecho, esto es un mamarracho, no se puede entender que alguien que tiene una acusación tan leve pueda estar privado de su libertad”.
El fiscal respondió que no le interesaba polemizar y que ejerce “las medidas que se deben tomar en consecuencia” y que “la valoración” de sus conductas “son controlables por los jueces”.
La Asociación de Magistrados emitió un comunicado para respaldar la actuación de Garzón. La entidad afirmó que “confía totalmente en la honorabilidad e independencia” del fiscal. “Respeta el derecho de defensa y comprende que en su ejercicio pueda incurrirse en excesos, pero recuerda que para garantizar la efectiva aplicación de la ley y principios constitucionales se puede acudir a las distintas vías recursivas que el sistema prevé, sin necesidad de agraviar a quienes sólo pretenden actuar democráticamente en defensa de la sociedad”,
señala el documento.
La Gendarmería comenzó su retirada de Córdoba
Acuerdo. Los mil gendarmes que la semana pasada llegaron a la ciudad de Córdoba, por pedido del gobernador José Manuel de la Sota, comenzaron ayer su retiro gradual, según lo acordado entre el Gobierno provincial y el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.
Gradual. Según fuentes oficiales, el retiro será gradual y se completará durante el fin de semana. La Gendarmería estaba apostada en el Tercer Cuerpo de Ejército y nunca llegó a desplegarse por la ciudad de Córdoba.
Prevención. De la Sota convocó a los gendarmes el miércoles de la semana pasada, como una medida preventiva, cuando algunos miembros de la fuerza fueron detenidos por los saqueos. En aquella oportunidad, esposas de los uniformados amagaron con iniciar una protesta, que rápidamente fue controlada por la Policía de Córdoba. Unos 300 gendarmes llegaron rápidamente desde Jesús María, adonde comenzarán a regresar.
Fuente: La Voz
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