Los vecinos afectados rechazan los créditos y piden ayuda. Un taller de la cuadra cerró. Un grupo de vecinos autoconvocados de barrio Alta Córdoba, damnificados y solidarizados, protestaron anoche en la esquina de Lope de Vega y Fragueiro tras la explosión de la Química Raponi que provocó serios daños en viviendas a varias cuadras a la redonda.
Con un decálogo de reclamos esbozados en una hoja, intentaron delinear un pedido en común en medio de diferencias por las distintas situaciones y dispares ayudas recibidas tras la deflagración del jueves 6 de noviembre.
“Queremos que nos informen sobre la salud de los heridos, sabemos que hay una mujer muy grave, al igual que Pablo Amaya”, vociferó Hugo Frontera, y siguió con la lectura: “pedimos la no politización del hecho; reconocemos la prioridad de la zona cero, pero todos necesitamos soluciones y pedimos celeridad en las reparaciones, y que sean de buena calidad”.
“Estamos preocupados –interrumpió una vecina– porque los vidrieros y los herreros que estaban haciendo las reparaciones anunciaron que no van a trabajar más hasta que no les paguen”.
El punto que más acuerdo cosechó fue el rechazo de plano a los créditos de 20 mil pesos que ofreció la Provincia: “pedimos subsidios no reintegrables, porque no queremos pagar nosotros las consecuencias, y que se nos exima de pagar todos los impuestos”. Sobre los créditos, además, mostraron su descontento con las condiciones exigidas para poder acceder: “Nos piden recibo de sueldo y garantías, cuando muchos de nosotros trabajamos en negro o no tenemos trabajo”, apuntó otro vecino.
También reclamaron a la Provincia que los exima del pago de la tasa judicial a quienes decidan iniciar demandas, y que se reponga rápidamente el alumbrado público y el suministro de gas en las viviendas.
“Exigimos la liberación del espacio verde usurpado que está atrás de la fábrica, y reclamamos ayuda para los que están sufriendo estrés postraumático”, indicó Frontera.
Sin trabajo
Daniel trabajaba en el taller mecánico de Góngora al 900 que quedó destrozado. Contó que el dueño los llevó hasta un abogado para pedirles la renuncia, para evitar ser despedidos. “Somos nueve familias, yo tengo un hijo discapacitado, y nos hemos quedado sin trabajo”, indicó el hombre.
Dioxitek: asamblea a puertas cerradas
Dioxitek, la planta de procesamiento de dióxido de uranio ubicada en Alta Córdoba, permanece clausurada y cesó en su actividad. Así lo confirmó José María Fernández, secretario de Control y Fiscalización de la Municipalidad, aclarando que “el personal sólo puede entrar para realizar tareas de mantenimiento y custodia del lugar”.
Por otra parte, Diego Guerra, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), adelantó que el personal de la planta deliberará en asamblea este miércoles desde las 14, junto con directivos de la empresa: “Allí van a informar cómo van a encarar esta situación. Hay muchísima preocupación entre los trabajadores”, señaló.
El lunes, el municipio aplicó una “clausura definitiva” a la planta propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) por violar la ordenanza 8.133. La misma estableció en 1985 que industrias de ese tipo debían relocalizarse fuera de áreas de alta densidad poblacional en un plazo no mayor a 10 años. “Expiró hace años, por eso luego de sucesivas prórrogas clausuramos la planta, no podrá reabrir”, insistió Fernández. “Desmantelarla llevará su tiempo, ya veremos qué plazo se les da”, remató.
Fernández recordó que en 2012, cuando la gestión Mestre aplicó la primera clausura a Dioxitek, la firma estuvo cuatro meses sin trabajar. De alguna manera ese plazo pone un marco a la actual situación, que enfrente a la decisión municipal de cerrar la planta –basada en normativa clara– con la condición de “vital” del insumo que fabrica Dioxitek, utilizado como combustible en las tres centrales nucleares que funcionan en Argentina.
Esas centrales, juntas, generan el 10 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país.
Fuente: Día a Día
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