Esto permitiría asignar presupuesto para la aplicación de la ley nacional. Piden la construcción de refugios para mujeres víctimas. Cientos de personas se movilizaron ayer contra los femicidios. Hoy pedirán el Jury contra el fiscal Oyhanarte.
A dos meses del brutal crimen de Paola Acosta, familiares de víctimas de femicidio junto a organizaciones sociales y políticas volvieron a movilizarse por las calles del Centro de la ciudad.
Exigieron la declaración de la emergencia en violencia de género en Córdoba. Marina Acosta, hermana de Paola, la mujer asesinada por el padre de su hija y abandonada junto a la pequeña en una alcantarilla, señaló que “esto permitirá asignar presupuesto a la ley nacional que ya rige”.
Pidieron en este marco la medida para que se viabilice la construcción de refugios para víctimas de violencia.
Vestidas de negro, cientos de mujeres marcharon desde la Plaza San Martín hacia El Panal para exigirle al Gobierno mayor seguridad y celeridad de la Justicia para avanzar en la investigación de los hechos.
En este marco a las 17 se realizó una intervención artística en la que se prendieron velas representando los 150 femicidios que se registraron en Córdoba desde el año 2008 a la fecha.
Las mujeres, vestidas de negro, llevaban los nombres, apellido y fecha de la muerte de las mujeres asesinadas. En el centro de las velas la inscripción “ni una más”, pedía por el fin de estos hechos y la actuación a tiempo de la Justicia.
Acosta señaló, además, que “la declaración de la emergencia en violencia de género significa además asignarle presupuesto a la ley existente para priorizar las construcción de refugios y destinar recursos para difundir la violencia de género en escuelas, actividades de prevención, folletos”.
Realizarán hoy el pedido de jury contra Oyhanarte
Maru Acosta, acompañada por los referentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores, realizarán hoy el pedido de Jury contra del primer fiscal que intervino en la causa, Miguel Oyhanarte.
La presentación será hoy a las 9 en la Legislatura de Córdoba.
La medida se basa en que “se demoró en pedir la detención de Lizarralde, único imputado y detenido por el crimen de Paola, sabiendo que estaba interfiriendo en la búsqueda”.
Después del asesinato, “el fiscal tenía los resultados de las pericias de la camioneta, presencia cuando le llama a un testigo para que cambie su declaración, así y todo no lo imputa ni manda a detener”, añadió Acosta.
Los denunciantes aseguran que se trató “de una decisión política no detenerlo, durante las horas que estuvo libre Lizarralde tuvo tiempo de alterar las pruebas”.
“Es un criminal, porque a mi sobrina la podríamos haber encontrado muerta por las demoras”, agregó.
Fuente: La Mañana
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