Policías cuestionan la cesantía de los 23 uniformados, aducen que se produjo en pocos días, sin una sentencia judicial. Advierten que efectivos de mayor rango, con causas penales, no reciben igual trato. Inquietud por los ascensos.
La cesantía de los 23 agentes de seguridad (11 policías, otros 11 efectivos retirados y un agente penitenciario retirado), que fue ordenada por el gobernador José Manuel de la Sota mediante un decreto, generó zozobra al interior de la Policía de Córdoba.
Diferentes efectivos en actividad y retirados, que dialogaron bajo reserva de su identidad ya que no pueden realizar declaraciones públicas sin autorización previa, valoraron de manera negativa la decisión del Ejecutivo, ya que consideraron que se trató de una sanción “exprés” y sin esperar a que la Justicia confirmara las sospechas contra estos uniformados.
Al mismo tiempo, los informantes coincidieron en subrayar que existe preocupación interna ante la demora de los ascensos, que debieron efectivizarse a fin del año pasado pero quedaron en suspenso tras el acuartelamiento de diciembre y los saqueos.
Aunque hace unas semanas el jefe de Policía, Julio César Suárez, indicó que los ascensos tal vez iban a ser firmados por el gobernador en julio, en los últimos días esta versión empezó a perder fuerza, por lo que ya hubo sondeos de policías a abogados para analizar la presentación de un recurso legal.
Tanto la sanción contra el grupo de los 23 efectivos que el sábado pasado se habían reunido con representantes del “sindicato” (no tiene aval legal) en un bar de Villa María, como la reticencia para firmar los ascensos tienen una misma raíz: el enojo del gobernador tras los saqueos de diciembre, cuando la ciudad de Córdoba vivió la peor noche en mucho tiempo.
Sanción
El jueves, el Gobierno comunicó la cesantía de los 23 efectivos en el marco de la Ley Antimotines, sancionada en febrero. Según se indicó, ese personal “incurrió en conductas de insubordinación e indisciplina, desprestigiando a la institución”.
El sábado pasado, en medio de la reunión informal que se desarrollaba en un bar de Villa María, todos los presentes fueron llevados a la Departamental de la Policía.
Allí, fueron fichados e imputados por “desobediencia a la autoridad”.
Además, el fiscal Gustavo Atienza dispuso que quedaran detenidos tres policías retirados integrantes de la Unión de Policías y Penitenciarios – René Zabala, Claudio Cisneros y María Ceballos–, a los que les endilgó, también, el presunto delito de “privación ilegítima de la libertad”.
El jueves, los dos últimos recuperaron la libertad. Ayer, Cisneros reiteró que la reunión fue convocada para dar a conocer cómo se está organizando el “sindicato” y que en ningún momento se planteó la posibilidad de otro amotinamiento.
“Fuimos a dar una charla informativa sobre cómo trabajamos en el sindicato, cómo se formó y cómo se creó”, explicó.
Y agregó que el jefe de Policía y el titular de la departamental General San Martín fueron avisados de este encuentro.
En tanto, otros informantes criticaban ayer la velocidad con la que se dispusieron estas sanciones, que salieron cinco días después de las detenciones.
Recordaron que otros policías de mayor rango, como el exjefe de Drogas Peligrosas Rafael Sosa, o el de Delitos Complejos Ariel Ávila, que están procesados por causas graves, no fueron cesanteados ya que se aguarda el fallo de la Justicia.
Fuente: La Voz
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