Gremios lanzan movilización y prometen paro provincial en rechazo a límites a huelgas Afirman que el proyecto de UPC extiende el concepto legal de servicio esencial.
Los gremios nucleados en las CGT Regional Córdoba y CGT Nacional y Popular rechazaron en forma “unánime y total” el proyecto de Ley de “Garantías para el acceso a los Servicios Esenciales” que impulsa Unión por Córdoba para limitar y reglamentar el derecho de huelga.
En un extenso plenario realizado ayer en la Casa de los Trabajadores, las centrales obreras anunciaron que mañana miércoles, cuando la iniciativa tome estado parlamentario, movilizarán a la Legislatura, y lanzaron un paro general el día en que se trate el proyecto en el recinto.
“Nos oponemos a toda la ley, no a algún punto en particular. No se puede reglamentar un derecho tan básico como el de huelga que está contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”, dijo a este diario Juan Monserrat, titular de la Uepc, quien ayer junto a varias decenas de secretarios generales participó del cónclave gremial, que fue encabezado por el legislador y titular de la Regional Córdoba, José Pihen.
“Ya hay legislación nacional que establece qué son servicios básicos”, resaltó el docente. En tanto, el titular de la CGT Nacional y Popular, Mauricio Saillén, quien no estuvo en la asamblea, sostuvo que «toda medida que limite el derecho constitucional de huelga, es una decisión autoritaria, arbitraria y represiva del gobernador José Manuel de la Sota”.
Mañana la marcha será a las 16 y llegará hasta la Legislatura. Algunos gremios participarán con cuerpos orgánicos y otros con “todo lo que tengan”, afirmaron desde Luz y Fuerza. En cuanto al paro provincial, se concretará si el proyecto llega a debate, aunque la intención de los sindicalistas es que De la Sota “baje” la iniciativa.
Los gremialistas fueron asesorados por los abogados Luis Angulo (ex ministro de Justicia del ex gobernador Juan Schiaretti), Lucio Garzón Maceda y José Yacanto.
El proyecto que intenta acotar y reglamentar las “medidas de acción directa” en servicios considerados “esenciales” recibió ayer la bendición de De la Sota (ver aparte). Por la tarde, fue defendida por dos de los autores del anteproyecto, Sergio Busso y Oscar González.
En una conferencia de prensa, los oficialistas aseguraron que se trata de “una deuda de la democracia para ponerle racionalidad” a las medidas de fuerza, y asegurar “un mínimo de convivencia para todos”. “Somos peronistas y esto es en defensa de los trabajadores”, dijo González, y sostuvo que el polémico proyecto está abierto a cambios. A su vez, Busso prometió que UPC buscará “consensos”.
La iniciativa
El texto que se conoció ayer limita y reglamenta el derecho de huelga no sólo en servicios considerados “esenciales” por la Organización Internacional del Trabajo y las leyes nacionales, sino que amplía su alcance a otros servicios públicos no esenciales la legislación vigente.
El artículo 3 considera “esenciales” a los servicios sanitarios (hospitalarios o no), ambientales (recolección y disposición de residuos), de Justicia, de educación, transporte público de pasajeros, distribución y producción de energía y agua potable. El proyecto aclara que la lista no es “taxativa”, es decir que puede ampliarse o modificarse.
El abogado laboralista César Arese, profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNC, explicó que según la OIT y la Ley Nacional 25.877, son servicios esenciales los relacionados con provisión de agua, electricidad, gas, salud y tráfico aéreo. “Este proyecto incluye servicios públicos que no son considerados esenciales, sino que son servicios públicos, como educación, transporte y Justicia”, señaló.
Pero la iniciativa va incluso más allá de estas actividades, ya que en su artículo 4 abre la puerta a la limitación del derecho de huelga en otros sectores “por la duración de la medida o la extensión geográfica” de la misma, o “cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental”.
El proyecto prevé la creación de una Comisión Técnica de Garantía de Servicios Esenciales que funcionará bajo la órbita de una Autoridad de Aplicación que no se especifica.
Entre otras funciones, la Comisión podrá incluir como “servicio esencial” a actividades no enumeradas en la ley, y determinar las condiciones de servicios mínimos a cumplimentar en caso de medidas de fuerza o “lock out” patronal. En cuanto a los procedimientos, el proyectos establece que los gremios deberán preavisar sus medidas de fuerza con cinco días de anticipación, tanto a la “otra parte” (patronal) como a la Autoridad de Aplicación.
En una de las cuestiones más espinosas, la iniciativa incluye un régimen punitivo ante eventuales incumplimientos, por lo que se modifica el Código de Faltas de la Provincia. El artículo 16 dice que será considerada “falta grave” la violación a la conciliación obligatoria en caso de conflictos y el incumplimiento de resoluciones dictadas por la autoridad de aplicación, o de los pronunciamientos de la Comisión Técnica.
A su vez, en el artículo 18, el proyecto modifica el artículo 53 del Código de Faltas provincial, y penaliza con 30 días de arresto a quienes no acaten la ley de marras “en ocasión de reuniones, medidas de acción directa ejercidas en cumplimiento de las normas reglamentarias del ejercicio del derecho de huelga, justas deportivas o espectáculos públicos de cualquier naturaleza (…).
Arese observó que el proyecto no especifica cuál será la Autoridad deAplicación de la ley. En ese sentido, no se menciona al Ministerio de Trabajo de la Provincia, como había trascendido.
“Queda a definir por un decreto del Poder Ejecutivo, pero se trata de una cuestión clave”, advirtió. Sin embargo, “lo más chocante es que introduce la cuestión penal o contravencional, con lo cual hay una regresión a normativas de comienzo del siglo XX”, remarcó el especialista en Derecho Laboral.
Fuente: La Mañana
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