La Cámara Nacional Electoral (CNE) le ordenó hoy a la Justicia de Córdoba que cite a declarar a varios empresarios en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral del Partido Justicialista en las legislativas de 2009.
De esta manera, la Justicia solicitó la declaración testimonial de Aldo Benito Roggio, Mario Buttigliengo, Miguel Ángel Romero Cammisa, Carlos Alberto Bergoglio, Martín Guillermo Amengual y María Esther Boetto para averiguar si en 2009 realizaron «alguna contribución o donación económica» al PJ de Córdoba y, en caso de haberla realizado, saber si «fue con fondos propios o de la empresa o entidad de la que forma parte».
Las empresas que están en la mira por la CNE son Aguas Cordobesas S.A., Metrovías, Benito Roggio e Hijos S.A., Empresa Mixta de Transporte Rosario S.A., Cliba, Cámara Argentina de la Construcción, Boetto y Buttigliengo S.A., Cámara de la Construcción de Córdoba, Romero Cammisa Construcciones S.A., Electroingeniería S.A. y Cámara de Empresarios Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC). Vale recordar que la ley electoral prohíbe a las agrupaciones políticas recibir fondos de concesionarias de servicios u obras públicas.
En 2014, la CNE ya había ordenado investigar si el PJ había recibido aportes de compañías con concesiones en la provincia de Córdoba, pero en aquella oportunidad el juzgado de primera instancia consideró que no se había probado ninguna infracción, por lo que el expediente volvió a la Cámara.
En el fallo firmado por los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, se advirtió que «los hechos denunciados exigen resolver «las cuestiones procedentemente señaladas, cuyo esclarecimiento requiere que el señor juez de primera instancia reúna los elementos probatorios que resulten indispensables para la resolución del caso».
A través de la sentencia, los magistrados recordaron que «resulta de fundamental trascendencia» que «el origen del financiamiento de los partidos políticos sea público». En ese contexto, los jueces electorales señalaron que a las agrupaciones políticas deben llevar «una contabilidad con estricto detalle del origen y destino de sus fondos y patrimonio».
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