Investigan el pago de coimas de empresas brasileñas en el marco de la licitación de los gasoductos troncales de Córdoba, durante el gobierno de José Manuel De la Sota.
Tras la denuncia de los legisladores Juan Pablo Quinteros, Liliana Montero y Aurelio García Elorrio el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba deberá decidir si avanza con la investigación en posible caso de corrupción donde empresas brasileñas habrían pagado coimas en el marco de la licitación de los gasoductos troncales de Córdoba, durante el gobierno de José Manuel De la Sota.
La denuncia fue tomada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y le pidió a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que avance en la investigación del posible pago de coimas en la primera licitación de los gasoductos troncales, al mismo tiempo que enviaba pedido de informe a Córdoba, a través de la la Fiscalía Anticorrupción.
“La UIF investigó por casi 6 meses y elevó dos informes reservados (esto nos fue comunicado oficialmente) uno de ellos a Procelac y otro al Fuero anticorrupción” destacó la legisladora Quintero en su red social.
“Si no hubiese algún indicador de que nuestro planteo tiene sustento, la UIF hubiese archivado la presentación. Luego tenemos entendido que Procelac elevó dicho informe a la Justicia Federal de Córdoba y al Fuero “anticorrupción”. Tengo la sensación luego de una semana que es una brasa caliente aseveró.
Se investiga la supuesta coima de 36 millones de dólares que pudo haber sido entregados a través de un complejo en Puerto Madero, donde una empresa de Horacio Miró, funcionario por entonces del exgobernador José Manuel De la Sota, habría recibido el 40 por ciento del emprendimiento valuado en 180 millones de dólares.
“En febrero llevamos a UIF el circuito por el cual entendíamos que se había lavado el dinero de la coima de Gasoductos. Que alguien nos explique como una empresa vende el 40% de su inversión de 180 millones de dólares en 11 millones” sentenció Montero.
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