Este jueves se cumple otro aniversaario de la voladura que dejó siete muertos en 1995. Para la Justicia fue un atentado planificado. Hubo algunos actos en la ciudad, con escasa participación…
Con escasa participación de los vecinos en las actividades programadas, Río Tercero evocó este jueves el 21° aniversario de la voladura de los polvorines de la Fábrica Militar. La tragedia, registrada en la mañana del 3 de noviembre de 1995, dejó siete víctimas fatales, cientos de heridos y severos daños materiales en varios barrios cercanos al predio fabril.
Algunos familiares de los fallecidos -Aldo Aguirre, Romina Torres, Hoder Dalmasso, Elena de Quiroga, Laura Muñoz, Leonardo Solleveld y José Varela- participaron por la mañana en un breve acto en la ermita construida frente al epicentro de la tragedia, y por la tarde, en el monolito que los recuerda.
Al mediodía, frente al municipio, un grupo de vecinos que integra la Comisión de Damnificados, liderada por el abogado cordobés Mario Ponce, organizó otro acto de recordación y reclamo. En este caso, se trata del grupo que espera el pago de indemnizaciones al Estado invocando daño moral por lo sucedido.
A 21 años, la causa penal tuvo un juicio oral en la Justicia federal de Córdoba que culminó en diciembre de 2014 con la condena de cuatro militares que ejercieron cargos en Fabricaciones Militares al momento del siniestro. El fallo consideró que fue un atentado intencional y programado, con el fin de ocultar las maniobras de venta ilegal de armamento al exterior que por esos años tenía a esta planta industrial estatal como centro operativo. El fallo no está firme porque fue apelado ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Luego de su pronunciamiento quedará abierta la última via ante la Corte Suprema. A la vez, sigue sin resolvserse el recurso planteado para que el expresidente Carlos Menem sea nuevamente involucrado en la causa. La Justicia Federal le dictó una falta de mérito a su favor años atrás, antes del juicio oral contra los militares procesados.
En materia civil, unos 12 mil riotercerenses iniciaron demandas contra el Estado, independientemente de los pagos por daños realizados entre 1996 y 1999. A 21 años, algunos cientos cobraron tras lograr sentencia y otros siguen en trámite. Pero el grueso lo representa una megacasa patrocinada por un solo abogado, que nuclea a unos 10 mil demandantes (casi todos por daño moral), y para la que el año pasado se aprobó una ley del Congreso que ofrece un acuerdo de pago extrajudicial. Esa ley falta ser reglamentada para poder hacerla efectiva. Un recurso de amparo aprobado por la Justicia esta semana reclamó al Estado que apure ese paso.
Ag. de Noticias: La Voz
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