Estudiantes y docentes forcejearon con la Policía para entrar al recinto, pero no lo consiguieron.
En medio de una polémica sesión, y con incidentes callejeros entre estudiantes y la Policía, la Legislatura de Córdoba aprobó ayer la nueva Ley de Educación Provincial. Los estudiantes se movilizaron por el centro cordobés y se concentraron afuera la Legislatura para manifestar su rechazo a la flamante ley. También solicitaron ingresar al recinto, que sesionó con las gradas vacías.
Siete policías fueron heridos tras ser agredidos con botellas, piedras y pinturas, aunque ya se encuentran fuera de peligro. También hubo 12 detenidos.
El proyecto había ingresado con modificaciones al texto original. Sin embargo, no satisfizo todas las demandas de los estudiantes. Se incorporó la educación religiosa opcional en las escuelas de gestión pública «como contenido extracurricular, sin financiamiento estatal, fuera del horario de clases y a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos».
Desde Secundarios Arriba ya habían rechazado algunas de las modificaciones. «La ley es muy ambigua. Si uno incorpora una religión tiene que incorporar 200, y eso implica darles espacio dentro de los establecimientos que ya tienen un montón de problemas», decía una estudiante.
Tampoco se modificó el inciso j del artículo 3 que establece que «el Estado asegura (…) los recursos suficientes para el financiamiento del sistema educativo e integra con igual fin aportes comunitarios, sectoriales y de otras jurisdicciones».
Los estudiantes rechazan la posibilidad de recibir donaciones porque consideran que se corre el riesgo de convertir a la educación en una mercancía.
Otro de los puntos que habían generado conflicto, y que fue atendido, es la regulación de las prácticas educativas. Los alumnos consideraban que la ley propiciaba la precarización laboral de los estudiantes. Por eso la ley aclara que dichas prácticas complementan la formación del alumno, pero «en ningún caso debe ser considerada trabajo o pasantía».
Los cambios más notables se observan en la incorporación de la educación artística como modalidad, y la obligatoriedad de brindar actividades artísticas en todo el trayecto de la educación obligatoria.
La votación. El debate comenzó cerca de las 11 y no a la tarde, como estaba previsto en un comienzo.
La votación (a las 19.20) terminó favorable a la nueva ley por una diferencia de 18 votos (43 a favor y 25 en contra).
Nueve bloques apoyaron la iniciativa (Unión por Córdoba, Concertación Plural, Unión Vecinal Federal, Movimiento Patriótico, PRO, Peronismo militante, Acción Vecinal, Vecinalismo Independiente, Frente para la Victoria) y cinco bancadas la rechazaron (UCR, Frente Cívico, Coalición Cívica, Izquierda Socialista y Frente Progresista).
La juecista Esmeralda Rodríguez fundamentó el voto en contra de su bancada en «la falta de consenso de la iniciativa» y en que el oficialismo no aceptó realizar «todas las audiencias reclamadas por las distintas regiones del interior».
Aunque literalmente no votó en contra del proyecto oficialista, el legislador Omar Ruiz (ARI-Coalición Cívica) no lo acompañó porque propuso una iniciativa propia. Por ese motivo, su voto se contó como un rechazo a la norma aprobada.
Liliana Olivero también cuestionó que no habían dejado entrar al recinto a los «representantes de la comunidad». Dijo que la Legislatura estaba «militarizada» y que eso demostraba que la ley que se aprobaba era «antidemocrática».
Le respondió la kirchnerista Nadia Fernández con un largo argumento que defendió los principios de la nueva norma, a los que calificó como muy superadores de la ley vigente, a la vez que advirtió, en obvia referencia a los grupos de alumnos y partidos de izquierda más radicalizados, sobre «los riesgos de aceptar lo que quiere imponer cierta vanguardia minoritaria que representa sus propios y muy parciales intereses».
Precisamente, desde Secundarios Arriba repudiaron la actitud de los kirchneristas, además de la «la actitud antidemocrática de estos legisladores acostumbrados impunemente a votar leyes de espaldas al pueblo».
La UCR rechazó el proyecto porque «no se garantizó el debate y análisis, ni en su gestación al no haberse dado la necesaria participación, ni en su etapa de tratamiento legislativo».
En defensa. El ministro de Educación, Walter Grahovac, quien junto a su gabinete presenció toda la sesión legislativa, explicó el porqué de la insistencia del Gobierno en mantener el polémico tema de la enseñanza de religión. Dijo que el artículo 62 de la Constitución Provincial lo plantea como un derecho, y justificó: «Lo que hacemos es poner expresamente que la educación religiosa sea opcional y no financiada, para evitar que en una coyuntura histórica distinta pudiera pasar a ser parte de la currícula oficial». Es decir, que pondría límites para «evitar que en el futuro alguien diga que la religión tiene que ser parte de la currícula oficial».
Comentar post