El juez federal Miguel Vaca Narvaja dio ha lugar al recurso de amparo presentado por referentes de Derechos Humanos.
Tras la «mudanza», la cárcel comenzó a ser demolida por la Provincia con intenciones de construir un nuevo espacio.
La Justicia Federal de Córdoba dispuso la medida de no innovar luego que organizaciones de Derechos humanos presentarán un recurso de amparo para frenar los trabajos de demolición en la cárcel de barrio San Martín.
Tras la mudanza de presos, el gobierno delasotista había iniciado las tareas con la intención de construir un parque recreativo.
La medida fue dispuesta por el juez federal Miguel Vaca Narvaja, que justificó la resolución ya que “hay numerosas investigaciones en curso por violaciones a los derechos humanos que hubo en ese establecimiento durante la dictadura y antes».
En la cárcel de San Martín, conocida como UP1, se produjo una de las más grandes matanzas perpetradas por la dictadura cívico-militar del 76 al 83. En el invierno de 1976, fueron ejecutados una treintena de presos políticos, todos a disposición de jueces federales, en fugas fraguadas.
Algunos de los detenidos fueron asesinados en los pabellones o en los patios del penal. Una de las víctimas de dichas “ley de fuga” fue Juana González, la esposa del hoy amparista Migual Baronetto.
Fuente: La Mañana
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