Evadían por 100 millones de dólares Hay otros seis detenidos en Capital Federal y Rosario. Hubo 35 allanamientos.
La Justicia Federal detectó un millonario contrabando que involucra a comercios y empresarios de Córdoba, Rosario y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una maniobra por la cual un grupo de importadores ingresaba al país productos electrónicos que llegaban al mostrador de sus comercios sin tributar impuestos. Los cerebro del negociado eran tres cordobeses que quedaron detenidos ayer mismo, luego de que se allanaran dos domicilios.
Los operativos ordenados por el juez Ricardo Bustos Fierro se realizaron en una galería muy importante de Buenos Aires y también en Rosario. Entre los aparatos electrónicos que ingresaban sin pagar lo correspondiente había Play Station, notebooks, netbooks, monitores, cámaras de foto digitales y filmadoras, placas de TV y sonido y DVD. La investigación del caso fue del fiscal federal número 1, Enrique Senestrari.
En diálogo con Día a Día el representante del ministerio público dijo que fue él quien, mediante un exhorto, le solicitó al juez penal económico Jorge Brugo (de Capital Federal) realizar los allanamientos en Buenos Aires. En todo el país se detuvo a 9 personas y se realizaron 35 allanamientos. Senestrari aseguró que «aunque la metodología es similar» el caso no tiene vínculo con el millonario golpe a la casa de artículos electrónicos cordobesa Julia Saúl. En total el fraude al Estado sería superior a los 100 millones de dolares. Los delincuentes denunciaban costos en un 50 por ciento menor y se «ahorraban» de pagar el precio real de los impuestos.
La investigación del caso fue impulsada por una denuncia de la propia Aduana. Senestrari no quiso dar el nombre de los detenidos, pero aclaró que en Córdoba hubo allanamientos cerca del Dinosaurio Mall de Rodríguez del Busto y en barrio Pueyrredón. En Rosario no se allanaron domicilios sino comercios y en Buenos Aires galerías enteras como la céntrica Jardín, en la calle Florida.
Maniobra. Oficialmente la Dirección General de Aduana informó que algunas de las empresas involucradas estaban radicadas en Miami. La figura penal en la que se enmarcan los hechos es la de contrabando y posible asociación ilícita.
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