El sondeo consideró los casos ocurridos desde el retorno de la democracia a la fecha y sólo los que fueron denunciados ante la Justicia. La mayoría de las víctimas son hombres de zonas empobrecidas. En el 2014, 12 jóvenes murieron por esta causa.
En Córdoba se registraron al menos 200 muertes derivadas de casos de violencia institucional. Estos son sólo los casos denunciados ante la Justicia, por lo que este número es aún superior.
El dato se desprende de una investigación realizada por la antropóloga Natalia Bermúdez, investigadora asistente del Conicet, quien se basó en los registros de organizaciones, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y un relevamiento propio.
Bermúdez señaló que Córdoba se ubica tercera en el país en relación a la cantidad de víctimas producto de la violencia institucional, y es la segunda capital con más muertes por esta causa.
“Nosotros hicimos un relevamiento tomando desde el retorno de la democracia a la actualidad, en total son 200 casos, pero considerando sólo los denunciados ante la Justicia, si tomamos los que no fueron notificados son muchos más”, señaló la investigadora.
El caso más antiguo es el de David Moreno, el niño de 13 años que murió durante los saqueos producidos el 19 y 20 de diciembre del 2001. David falleció tras ser alcanzado por una bala policial mientras miraba los desmanes en barrio Argüello. El caso sigue impune.
Otro hecho que figura en el registro y uno de los pocos con resolución judicial, es el de Pablo González, asesinado por uniformados en Río Cuarto. Los policías fueron condenados, cumplieron su pena y ya recuperaron su libertad.
Bermúdez comenzó a investigar hace un año y medio en el marco de su tesis de doctorado en antropología. De allí se desprendió que la mayoría de las víctimas son jóvenes de barrios empobrecidos.
En el 2014, ya se denunciaron 12 casos de personas asesinadas por la policía en Córdoba.
Víctimas de una política de seguridad
El sondeo indica que los casos se incrementaron notablemente durante los últimos años, “con las políticas de seguridad que se aplican en Córdoba”, señaló Bermúdez.
“Las políticas de seguridad lejos de evitar o atemperar los conflictos de los barrios la han recrudecido, y la policía forma parte de los entramados conflictivos de esos barrios donde se han producido las muertes”, añadió.
La investigadora destacó además que “todos los estudiosos que han relevado este tema en Córdoba en los últimos años, se enfocaron en la remilitarización de la policia, entonces habilita estos tipos de practicas abusivas sin control ciudadano y sin control de los organismos de la sociedad civil”.
La política represiva derivó en un aumento de casos en los últimos años.
“Lamentablemente han crecido los números en toda la provincia, y el corredor Punilla es uno de los más complejos en esta materia.
El último caso ocurrido en Capilla del Monte donde Fernando Péllico fue asesinado de un balazo en la espalda es el ejemplo. En Punilla han habido muchos casos y no todos se animan a denunciar, en Río Cuarto también”, dijo Bermúdez.
La investigadora destacó que “los casos que incluimos en el registro, son los denunciados, pero todos los familiares citan casos que no llegaron a la justicia”.
Subrayó, además, el cambio en la valoración social de los familiares de las víctimas. Es que la figura de ellos ha adquirido otra legitimidad para reclamar.
Fuente: La Mañana
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